La Comisión de expertos sobre Transición Energética ha publicado recientemente su informe final sobre distintos escenarios de transición energética. El análisis plantea distintas alternativas de política energética, teniendo en cuenta su impacto medioambiental y económico, en el marco de una transición energética eficiente, sostenible y baja en carbono. Las conclusiones alcanzadas se van a incorporar al Grupo de Trabajo Interministerial que trabaja en la elaboración de la futura Ley de Transición Energética y Cambio Climático. Entre las propuestas de la Comisión Europea para reducir las emisiones de los sectores difusos (noviembre 2017), se recomienda que las ciudades implementen medidas de gestión del tráfico y favorezcan el transporte público. En esta misma línea, el informe de los expertos coincide en la relevancia de transformar el sector de transporte, que explica el 25 por ciento de las emisiones de los sectores difusos y más de la mitad del incremento de las emisiones en lo últimos 25 años, si bien se concede un tratamiento muy discreto al transporte público urbano como vector de cambio del modelo. Sin embargo, se aprecia la tendencia general a identificar la movilidad sostenible con el desarrollo de medidas que incentiven la adquisición o el uso de vehículos impulsados por energías limpias, concentrando los objetivos en la electrificación del parque de vehículos. Entendemos que no debería ser ésta la única vía, ni si quiera la principal, para reducir las emisiones en los entornos urbanos, ya que conlleva altos costes en términos de eficiencia y, además, tampoco elimina el problema de la congestión, que constituye en sí misma un agravante en los niveles de contaminación. Es necesario modificar los hábitos de comportamiento de los ciudadanos frente al uso del vehículo privado y convertir el transporte colectivo de viajeros en una alternativa real de decisión. Conseguirlo va a exigir no sólo de acciones proactivas de los gobiernos locales, como demandan los expertos, sino también de acciones conjuntas desde todas las administraciones. Aunque la competencia del transporte urbano resida en las corporaciones locales, sus implicaciones sobre los compromisos de descarbonización trascienden del ámbito local y compromete sin ningún género de dudas a las Comunidades Autónomas y al Estado central. La coordinación interadministrativa en planificación y financiación del transporte público favorecerá la integración eficiente de los modos de transporte y la deseada intermodalidad que permite de forma efectiva el cambio de modelo de desplazamiento de los ciudadanos. En general los expertos se centran en la fiscalidad sobre el CO2, pero entre tanto se implementa, sugieren instrumentar la política medioambiental a través de algunos impuestos locales (el popularmente conocido como impuesto de circulación) y el incremento del tipo aplicable al gasóleo, porque en nuestro país existe un marco fiscal claramente favorecedor de la dieselización del parque de vehículos que debe corregirse. Pero tan importante es adoptar medidas fiscales para desincentivar el uso del vehículo privado como destinar dichos recursos a las políticas adecuadas, que no pueden limitarse sólo a abaratar el coste de acceso a las energías alternativas. Aunque las medidas que se proponen son necesarias, no debe olvidarse que nos faltan algunos pilares tan básicos como una Ley de Financiación del Trasporte Urbano, con la que si cuentan los países de nuestro entorno, y una financiación estable que garantice un nivel de calidad determinado. De hecho, las aportaciones que asigna el Estado anualmente en los Presupuestos Generales se han reducido en media un 30 por ciento, tanto para para los municipios obligados a la prestación del servicio como para Madrid y Barcelona, que reciben una subvención que también ha desvirtuado el modelo de contrato-programa por el que se sostenía su funcionamiento de una forma algo más planificada. Por tanto, los objetivos de reducción de las emisiones en los entornos urbanos no podrán alcanzarse sin adoptar medidas complementarias que modifiquen de forma efectiva las preferencias de los ciudadanos en materia de movilidad, desplazando el uso del vehículo por la elección de un sistema eficiente de transporte colectivo de viajeros bajo en carbono. Sin la acción coordinada de las administraciones y la apuesta decidida por un nuevo modelo de financiación estable que posibilite la mejora de las infraestructuras y la renovación de las flotas de vehículos, el objetivo de transformar las ciudades hacia patrones más saludables y sostenibles será menos creíble.