Destacados miembros del Gobierno se han pronunciado sin rubor sobre las recientes operaciones entre constructoras y compañías del sector de la energía. A Miguel Sebastián, jefe de la oficina económica de Moncloa, "le parecen bien" las tomas de participaciones de compañías eléctricas o petroleras por constructoras. Pedro Solbes, ministro de Economía y Hacienda, es capaz de explicar por qué no es igual que la constructora Sacyr quiera entrar en un banco a que compre un paquete de acciones de una petrolera. A ninguno de ellos le corresponde opinar sobre las operaciones de las empresas privadas. Se trata de una cuestión que, en una economía de libre mercado, compete exclusivamente a los accionistas de esas empresas. Lo relevante es que en España no hay un modelo y un marco regulatorio adecuados para la energía y eso es lo que le permite al Gobierno intervenir en las operaciones del sector y opinar sobre ellas. La tarea del Ejecutivo no es promover los campeones nacionales, sino asegurar que las reglas del juego eliminan el riesgo de intervencionismo gubernamental. La condición de campeón nacional no figura en los manuales de las escuelas de negocios como una de las cualidades de la buena gestión. Por el contrario, la ausencia de suficiente competencia en los mercados acaba por pasar factura a la competitividad de las empresas y a la calidad del servicio que reciben los ciudadanos. La obligación del Gobierno es abstenerse de opinar sobre las operaciones entre empresas privadas -mucho menos favorecerlas o entorpecerlas-, levantar las barreras de los mercados y acabar de reformar de una vez el marco legal del sector energético.