Las elecciones municipales y autonómicas de 2007 están tan cercanas que cada vez resulta más difícil encontrar alguna propuesta sin fines publicitarios. El PSOE, que está en el Gobierno, presentó ayer sus propuestas frente al creciente fraude inmobiliario. Se trata de una reedición de las ya anunciadas en junio de este año, con escasas aportaciones nuevas. La única destacable es que los cargos públicos o militantes del PSOE que sean pillados con las manos en la masa serán apartados del partido y de sus puestos. Se trata de algo obvio que debería aplicarse, por pura higiene democrática, a todos los partidos políticos y a todas las situaciones de fraude inmobiliario. El documento que volvió a presentarse ayer destila ingenuidad. Hacer ciudades habitables y equilibradas, recuperar la vivienda protegida y someter a información pública los instrumentos de ordenación y gestión urbanística se antojan ideas poco útiles para acabar con un problema repleto de aristas. Llama la atención que el PSOE no vea relación alguna entre el fraude inmobiliario y la financiación de los ayuntamientos. Es sabido que muchos municipios recurren a la manipulación y recalificación del suelo y a la concesión de licencias urbanísticas para conseguir los ingresos que no son capaces de trasladar a la ciudadanía mediante impuestos. Con el fraude hay que acabar con medidas en todos los frentes. Mediante la Ley del Suelo, recortando el margen de maniobra de los municipios. Con la Ley de Financiación Local, aumentando las vías recaudatorias de los ayuntamientos, que también deben disponer de una gestión profesional e interventores dignos de tal nombre. Y, por último, reforzando los medios humanos y materiales de la lucha contra el fraude en todas las administraciones. En resumen, un plan completo.