El juego político volvió a ser el protagonista ayer a la hora de debatir una de las leyes más fundamentales de la democracia, los Presupuestos del Estado. El Gobierno, sin el apoyo político necesario para sacar adelante su proyecto, se vio obligado a pactar en pasillos el precio que los grupos nacionalistas vasco y catalán le pusieron. Y la solución final tampoco es solución. No es más que el aplazamiento por un año del mismo problema que hay ahora: una distinta interpretación sobre el dinero que el Estado se ha comprometido a gastarse en las infraestructuras catalanas, en virtud del nuevo Estatuto. Y todo surge en plena campaña electoral y con una pugna entre CiU y PSC que se presenta muy dura. Darle más dinero a Artur Mas ayer, suponía dejar en muy mal lugar al ex ministro y candidato socialista, José Montilla. Y eso es un juego político que ni Solbes puede permitirse. Lo que menos contaba en el debate presupuestario de ayer es que se trataba de algo tan trascendente como el reparto del dinero que todos los españoles aportamos con nuestros impuestos. No es más gasto social o menos, ni rebaja fiscal, ni nuevas carreteras en todo el Estado, es el compromiso con los catalanes lo que domina la negociación de las cuentas públicas. Parece mentira que los Presupuestos sean una ley del bloque constitucional, de ésas que son incuestionables y básicas para el funcionamiento y la convivencia social. Por más análisis fundamentales que se hicieran de la política presupuestaria y el futuro de los españoles, ése no era el tema de ayer en el Congreso. Todo pasaba por unas aspiraciones catalanas que han hipotecado el cierre de cuentas de todo un Estado, con un agravante reconocido por el propio Solbes: que si todos pidieran lo mismo, no habría dinero suficiente.