E l viernes 23 de junio, el Consejo de Ministros aprobó el Real Decreto-ley 11/2017, de medidas urgentes en materia financiera, que formaliza algunas vías que permitan mejorar la resistencia a los riesgos de las entidades financieras. Entre lo dispuesto, destaca la incorporación al régimen jurídico de las cooperativas de crédito de la fórmula de integración mediante los llamados Mecanismos Institucionales de Protección (MIP), reformulando así la figura de los Sistemas Institucionales de Protección (SIP) surgidos como mecanismo de apoyo y defensa mutua recogido en la Directiva 2006/48/CE, con la finalidad de compartir diversos niveles de solvencia, garantía y liquidez. Los referidos MIP serán "reforzados" cuando mutualicen la totalidad de los beneficios y riesgos y cuenten con una entidad cabecera que dirija las decisiones del grupo consolidable; mientras que los MIP serán "normativos" si no se alcanza esa totalidad en el grado de mutualización, pero se constituye un fondo de garantía privado del grupo financiado por sus componentes. La norma establece incentivos para conducir al sector hacia estas figuras dado que su constitución permitiría a los integrantes reducir su perfil de riesgo al incrementarse su solvencia, al tiempo que las operaciones se considerarán con menor exposición a riesgos a efectos de cómputo; pero todo ello bajo la aprobación del Banco de España. Las cooperativas de crédito, o de modo más amplio, la banca cooperativa española, comprende actualmente a un conjunto de 62 cooperativas de crédito que vinculan a más de 2,7 millones de socios y cerca de 11 millones de clientes. El sector incluye, tanto a cajas rurales (aproximadamente el 80 por ciento del sector por activos), como a las cajas populares y profesionales. De las 80 cooperativas de crédito existentes en 2009, fueron 70 las que iniciaron o estudiaron diversos procesos de agrupamiento, algunos de los cuales culminaron en forma de SIP o mediante fusiones tradicionales. Cabe recordar que la "moderna" reorganización de la banca cooperativa española comenzó en 1989, con la constitución de la Asociación Española de Cajas Rurales (denominado Grupo Caja Rural), dotado del Banco Cooperativo Español S.A. y de otras entidades especializadas. Este modelo asociativo llegó a aglutinar a la totalidad del sector y se construyó bajo los principios de subsidiariedad, solidaridad interna y centralización de determinadas funciones; ahora bien, la propia evolución interna del sector y las recomendaciones del Banco de España, pusieron sobre la mesa la posible aplicación de la normativa europea del año 2006 sobre los SIP. Ese proceso evolutivo, junto a las nuevas circunstancias del sector financiero global a partir de 2008, crearon el escenario que sentaría las bases del actual mapa de las cajas rurales españolas que parece que puede cambiar tras la promulgación del Real Decreto-Ley. Desde comienzos de 2014, el sector del crédito cooperativo se polariza en torno a dos sistemas: el formado por las entidades vinculadas en torno a la Asociación Española de Cajas Rurales (Grupo Caja Rural); y el integrado por el Grupo Cajamar, que tiene, desde 2014 al Banco de Crédito Social Cooperativo como entidad. También son otras las entidades que han formado grupos como el denominado Solventia (encabezado por la Caja Rural de Almendralejo). Procede referir que la pequeña dimensión comparativa de la mayor parte de cooperativas de crédito evitó sobre ellas el impacto que la burbuja inmobiliaria tuvo sobre las grandes entidades bancarias y, en particular, sobre las principales cajas de ahorros (ya prácticamente extinguidas por transformación en bancos). Con todo, es importante destacar que el sector de las cooperativas de crédito españolas no ha precisado ningún rescate financiero y sólo se han registrado dos casos puntuales con problemas financieros. Aunque cabe plantear si el crecimiento o la concentración de estas entidades conduciría a cierto desarraigo de los entornos rurales originarios o si ello llevaría a una desnaturalización de su modelo cooperativo; lo cierto es que el valor capital del sector ha sido y es su verdadero conocimiento del entorno en el que se desenvuelve su actividad en todos los ámbitos de la actividad empresarial y privada, muy lejos ya de aquella imagen rural que se le atribuía en el pasado. Se trata de entidades que han conseguido hablar el "mismo idioma" que sus socios y clientes y que han sabido prestar algo más que servicios financieros. En suma, las cooperativas de crédito pueden liderar un modelo de banca social y territorialmente sostenible, que sea eficiente y esté bien gobernada con consejeros y directivos bien formados, y con una especial y adecuada orientación a la gestión de riesgos y especialmente atentos a ese anhelo común de todas las entidades bancarias: la "experiencia de cliente" y las nuevas formas de interrelación que han traído las nuevas tecnologías.