"S i tuviéramos que contratar a todos los repartidores que utilizamos quebraríamos al día siguiente". Esa es la respuesta de una gran plataforma digital de reparto a domicilio cuando se le pregunta la razón de construir su negocio sobre la base de miles trabajadores autónomos, que además de comprar el medio de transporte que utilizan durante su jornada laboral y no tener seguro alguno por su trabajo deben pagar la cuota correspondiente de su cotización a la Seguridad Social, así como el IVA y el IRPF. Adigital, la Asociación Española de Economía Digital, que agrupa a firmas como Deliveroo, Glovo, Cabify o Uber, entre otras muchas, defiende que lo que hay detrás es una relación mercantil y, en ningún caso, laboral. Pero es algo que sus trabajadores ponen en entredicho y que en realidad parece muy difícil de justificar. La propia Adigital admite, de hecho, que si dieran un sólo paso más para evitar la enorme precariedad con la que trabajan miles de personas en España para estas plataformas habría inmediatamente una inspección de Trabajo. De hecho, eso es lo que tendría que haber pasado hace ya mucho tiempo. No se trata, en ningún caso, de cambiar la ley para hacerla a su medida, tal y como están pidiendo, sino de cumplirla. Tal y como publicamos hoy, resulta muy relevante el ejemplo que pone Lorenzo Amor, el presidente de la Federación Nacional de Trabajadores Autónomos ATA. "Es como si yo pidiera cambiar la ley para poder vender cervezas sin licencia en la Puerta del Sol o comercializar tortillas con huevos en mal estado para reducir costes". Es cierto que no se pueden poner puertas al campo y que la economía colaborativa en Internet nos oferce un amplio abanico de oportunidades de nuevos empleos e incluso de ayuda para el impulso de negocios tradicionales. Pero su crecimiento se debe basar siempre en el respeto de las reglas del juego, en condiciones similares al resto.