Han pasado más de dos semanas desde que Popular fuera objeto de la primera intervención del mecanismo europeo de resoluciones bancarias. La operación evitó que el sexto mayor banco español quebrara y desatara efectos imprevisibles en el sector financiero. Ahora bien, reconocer ese hecho no impide resaltar que aún existen importantes aspectos pendientes de aclaración. En primer lugar, debe aludirse a la información clave que todavía no es del dominio público. En concreto, sorprende que el informe de valoración del Popular que firmó Deloitte, aquél que impulsó a las autoridades europeas a actuar, sea una incógnita en su mayor parte, ya que de él sólo se sabe que situó sus cálculos entre 2.000 millones y 8.200 millones negativos y que era provisional. Pero la confusión que provoca la opacidad informativa aún se agrava más considerando la manera en que los participantes en la intervención esquivan responsabilidades. Hasta el punto de que no es aún seguro quién tuvo la última palabra que declaró inviable el Popular o a quién correspondía la labor de avisar sobre la situación del Popular antes de desembocar en tan crítico desenlace. En la UE, la Autoridad Bancaria Europea o el Mecanismo Único de Resolución, al igual que en nuestro país el Banco de España o el Ministerio de Economía, aseguran que esa labor quedaba fuera de sus competencias. Si a todo ello hay que sumar las sospechas de filtración de información privilegiada que la CNMV investiga, debe concluirse que se ignora casi todo sobre cómo un banco solvente, que aprobó los test de estrés, fue presa de la fuga de depósitos y de una intervención que arruinó a sus accionistas. Es urgente arrojar más luz y garantizar toda transparencia en un caso de tanto calado.