El Gobierno ha suspendido provisionalmente la asignatura de Presupuestos y tendrá que acudir a discutirlos en el Parlamento sin votos suficientes para aprobarlos. Los han rechazado -es decir, han presentado enmiendas a la totalidad- el PP, PNV, CiU, EA y ERC. Izquierda Unida se ha abstenido. Los presupuestos definen la vida económica de un país, son el reflejo de la política concreta de un gobierno y representan uno de los modos más efectivos para controlar su actividad. El Gobierno llega al Parlamento sin apoyo suficiente y eso significa que es débil y vulnerable. Dicho de otra manera, tiene unos socios cambiantes que necesita para gobernar y eso tiene -y tendrá- un precio caro en términos políticos y económicos. Si el Gobierno no logra aprobar el presupuesto, tendrá que prorrogar el anterior, lo que limitará mucho su capacidad de actuar en asuntos claves de su programa como la Ley de Dependencia, la subida de las pensiones o las transferencias financieras a las autonomías. La última vez que se prorrogó un presupuesto fue en 1996, con Pedro Solbes también como ministro de Economía. Esa prórroga fue la antesala de unas elecciones generales que el PSOE perdió ese año. En la práctica, no sacar adelante un presupuesto casi equivale a sufrir una moción de censura y perderla. Es improbable que este escenario se repita. Lo previsible es que el Gobierno satisfaga las reivindicaciones económicas de, al menos, los grupos que le sean suficientes para sacar adelante su proyecto. La debilidad del Gobierno en el debate de presupuestos es mala de todas maneras: o satisface las pretensiones de los nacionalistas con un dinero que pagaremos todos tarde o temprano y que puede provocar agravios entre autonomías o se entra en un período de indeseable inestabilidad económica.