B anco Popular es un extraño ejemplo de cómo la crisis ha enseñado poco a los supervisores. Ni los test de estrés han servido para mucho ni las inspecciones han aclarado, al menos a ojos del mercado, la verdadera situación patrimonial de un balance que genera dudas sobre la viabilidad futura del banco. No lo digo yo, sino las agencias de calificación que otorgan un rating fuera del grado de inversión en un nivel muy especulativo (B) y con perspectiva negativa, es decir, que se puede deslizar con facilidad a CCC, lo que significa riesgos sustanciales. Como emisor está más allá del bono basura. La solvencia no sólo depende de la ratio de capital, pues cumplir con los requerimientos regulatorios no garantiza necesariamente que un banco pueda ejercer como tal. En este caso, el mercado dice que no y los activos emitidos por Popular bajan constantemente su precio provocando pérdidas crecientes. En las actuales condiciones, la entidad tiene serias dificultades para operar por el elevado riesgo de crédito y contraparte que transmite. Asimismo, los riesgos de tipo de interés estructural (el coste de mantener el pasivo, es decir, sus fuentes de financiación) y de liquidez (las posibilidades de mantener la financiación para poder cumplir con sus obligaciones) se disparan, lo que genera nuevas necesidades de capital, coberturas y liquidez en una entidad que apenas puede apelar al mercado para conseguir fondos y, en todo caso, a un coste impagable. Si a todo esto sumamos que a alguien se le ha ocurrido decir que la entidad puede caer en las garras del Mecanismo Único de Resolución (MUR) para liquidarlo, el panorama no puede ser peor, provocando un daño reputacional que debe ser igualmente evaluado y dotado. A un perro flaco todo son pulgas y a un banco flaco todo son dotaciones y exigencias de capital que, al final, tampoco lo solucionan todo. Es probable que con Ron el banco viviera en una especie de borrachera de solvencia, conseguida a grandes tragos de capital, pero Saracho no ha conseguido recuperar la confianza y la resaca ha traído nuevos dolores de cabeza a accionistas y bonistas, que están atrapados en una espiral de pérdidas. Vender el banco es una quimera sin un programa de protección de activos, es decir, pagando al comprador, salvo que alguien se lo quede por prescripción facultativa. Esa prescripción sólo se puede expedir contra Bankia que, controlada por el Estado, tendría que tragarse el sapo si Bruselas y el BCE aceptan que así sea. Esta solución alejaría las posibilidades de privatizar Bankia, salvo que el genio de Goirigolzarri, que es mucho, consiguiera convertir el agua en vino. Cuando lo hizo mezcló el agua con 23.465 millones de buen vino, pero ahora el Estado no va a poder darle más vino y las bodas de Caná bancarias quedarían un tanto deslucidas. Sin embargo, parece la única boda posible, y el sector en su conjunto debería ir al convite y pagar el vino. Si no, todos tendrán que tomar vinagre. El tiempo juega en contra. Dejarlo pasar es jugársela cada fin de semana a que una nueva noticia adversa haga que un lunes cualquiera el banco amanezca intervenido. Aunque el depositante está a salvo, el bonista no, y lo mejor sería evitar cuanto antes llegar a esta situación, aunque quizás ya no haya tiempo de tanto como se ha perdido. Las consecuencias para la banca española serían nefastas y nuestra economía, en expansión, podría perder un poco de fuelle por este desliz. A muchos les conviene que el foco se vuelva sobre nosotros para taparse las vergüenzas. Los bancos deben arrimar el hombro y el Estado más aún, porque la economía española no merece que el MUR le intervenga un banco por dejar correr la bola. No se nos va a dar tanta cuerda como a Italia con el Monte dei Paschi y hay quién está deseando utilizar al Popular como un Frankenstein con el que experimentar los novedosos mecanismos de resolución de la Unión Bancaria. A fecha de hoy no hay muchas opciones y Bankia, en manos del Estado, debe recabar las autorizaciones y adquirir la entidad, previa conversión de los CoCos y la dilución correspondiente. Sería una pseudointervención controlada desde España que nos evite el trago de pasar por las horcas caudinas del MUR. No suspender la cotización y dejar que se desplome es una forma de abaratar la operación para el Estado y quizás un signo de lo que está por venir. A partir de ahí, el sector bancario en su conjunto debe colaborar a través del Fondo de Garantía de Depósitos y de los mecanismos que haga falta para limpiar el balance y que no lastre a Bankia en exceso. Todo lo demás sería marear la perdiz y creer en soluciones mágicas que no existen. La situación se está degradando y el tiempo se acaba. O el nuevo equipo está remando en esta dirección o sólo cabe pensar que podría estar perdiendo el control. Esperemos que sea lo primero.