L a formación continuada de los profesionales sanitarios no solo constituye un derecho, sino también un deber, tal como recogen las leyes que regulan el funcionamiento del Sistema Nacional de Salud (SNS). No podría ser de otro modo, pues esta formación es la principal garantía para los ciudadanos en general y los pacientes en particular de que la asistencia que reciben por parte del sistema de salud es la más adecuada. La industria farmacéutica ha jugado en las últimas décadas un papel esencial, y por ahora insustituible, en el fomento de la actualización de los conocimientos científicos de los profesionales sanitarios. De una manera natural y con pleno reconocimiento por parte de las autoridades sanitarias, una parte muy importante de la formación continuada de los profesionales sanitarios ha sido sufragada tradicionalmente por los laboratorios farmacéuticos y por otros fabricantes y distribuidores de productos sanitarios. Así, se apoya a sociedades científicas y otras organizaciones profesionales en la puesta en marcha de sus congresos y foros científicos y se facilitan ayudas a los profesionales para que puedan asistir a ellos, en lo que es la principal fuente de formación de los facultativos. Además de las garantías que otorgan las instituciones organizadoras de los congresos, la industria se ha dotado de un estricto sistema de autocontrol para asegurarse de que los encuentros científicos que apoya cumplen los máximos requisitos de calidad profesional. El Código de Buenas Prácticas de la Industria Farmacéutica, obligatorio para todos los asociados a Farmaindustria, garantiza que los eventos tienen como finalidad exclusiva la formación, que no se destinan a otro objetivo y que, desde luego, no constituyen una compensación o incentivo económico para los profesionales, lo cual está expresamente prohibido por el Código y es objeto de un riguroso control por parte de la Unidad de Supervisión Deontológica de Farmaindustria. Este modelo de colaboración ha venido funcionando sin novedad y con positivos resultados (ahí están los altos estándares de calidad del sistema español), y la industria farmacéutica lo considera parte de su compromiso con el sistema sanitario, sus profesionales y, sobre todo, los pacientes. Contribuye así a que los profesionales sanitarios estén a la vanguardia del conocimiento. Sin embargo, en las últimas semanas, este modelo útil y exitoso se está poniendo en peligro. Una reciente resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC), ante un caso originado casi una década atrás, ha considerado estas ayudas a la formación como retribución en especie, y por tanto sujetas a tributación. Partiendo de que la postura expresada por la Agencia Tributaria demuestra la plena independencia de este órgano y su sujeción al marco legal vigente por encima de cualquier otra consideración, creemos conveniente resaltar que estas transferencias de valor tienen como finalidad exclusiva la formación de los profesionales en beneficio de los pacientes y del SNS y, por tanto, no deberían estar sujetas a tributación. Y así lo ha entendido recientemente la Comisión de Sanidad del Congreso cuando, en una Proposición No de Ley, insta a seguir considerando estas ayudas libres de carga fiscal. Por otra parte, hay que recordar que el tratamiento fiscal de estas transferencias de valor es ajeno por completo a la iniciativa de transparencia de la industria farmacéutica recientemente puesta en marcha. El objetivo de esta iniciativa, de ámbito europeo, alineada con las modernas demandas sociales y reconocida por instituciones públicas y privadas como pionera y valiente, es poner en valor la necesaria colaboración entre industria y organizaciones y profesionales sanitarios y prevenir los potenciales conflictos de interés que podría llevar aparejada. Es una medida positiva para la sociedad y constituye un compromiso irrenunciable para nosotros. Por todo lo expresado, e insistiendo en que la actual formulación de la formación continuada constituye un modelo que beneficia a todos los agentes implicados (administraciones, laboratorios, médicos y, sobre todo, pacientes), desde Farmaindustria llamamos a trabajar de forma conjunta para evitar que una carga fiscal se convierta en barrera para que los facultativos sigan teniendo actualizados sus conocimientos y todas las herramientas a su disposición para prestar una asistencia sanitaria de la máxima calidad. Afortunadamente, nos consta que existe una clara y firme voluntad por parte del Gobierno y de algunos grupos parlamentarios de lograr una solución y que tan solo es cuestión de hallar la fórmula adecuada. Nuestro compromiso de colaboración, una vez más, es total.