El año 2017 será aquél en el que el Gobierno se decidirá a dar un paso que baraja desde hace meses: paliar la situación de la Seguridad Social con préstamos del Estado. Así lo explicó ayer el ministro Montoro en la presentación del anteproyecto de Ley de Presupuestos. El titular de Hacienda no dio detalles, pero es posible prever que el préstamo se respaldará con emisión de deuda y que su cuantía ascenderá a 3.000 millones. Ésa es la cifra que debe sumarse a los 15.900 millones que quedan en el Fondo de Reserva, la hucha de las pensiones, para asegurar que este año se puedan abonar las pagas extraordinarias a los pensionistas. La fórmula de auxiliar a la Seguridad Social con préstamos estatales no es nueva, ya que se echó mano de ella puntualmente en los 90. Además, replica el mecanismo en el que se basa la propia hucha. Así, sus recursos contabilizan como activos mientras están en el Fondo. Por el contrario, en el momento en que se sacan para hacer pagos, se clasifican como pasivo, al igual que una colocación de bonos en el mercado. Por tanto, el plan de Hacienda sólo implica un cambio de titularidad: ahora sería el Estado el que financiara en parte el sistema de pensiones. Pero éste se halla en un apuro, que no palían ni el avance del PIB ni del empleo. Quedó demostrado en 2016, cuando sus números rojos llegaron al récord del 1,6 por ciento. Por tanto, el Estado se aboca a asumir un esfuerzo creciente, de deuda y de déficit, en un momento en el que sacar adelante los Presupuestos le resulta cada vez más costoso (este año desembolsará 12.000 millones en concesiones) y se resiste a hacer ajustes y reformas. Por tanto, asegurar el pago de pensiones, sin pasar por el peaje de disparar los desequilibrios, requiere otras soluciones.