España va a tardar más de 40 años en ponerse a la altura de Europa en la proporción de mujeres que trabajan. Eso quiere decir que los actuales incentivos para favorecer su contratación y las nuevas leyes -en especial, la Ley de Igualdad- no van a ser suficientes para corregir este desequilibrio. Las estadísticas son claras para definir el verdadero perfil del problema: la tasa de empleo femenina es similar a la masculina si no hay hijos de por medio. Dicho de otra manera, las mujeres tienen que elegir en España si quieren ser madres o trabajar, porque las dos cosas son incompatibles. Ésa es la principal razón que desincentiva su búsqueda activa de empleo, pero hay otras dos no menos importantes. Una es, sencillamente, la discriminación social por el mero hecho de ser mujer, que influye en su menor contratación por más incentivos que se ofrezcan. La otra es una consecuencia de la anterior, y es que las mujeres obtienen peores condiciones de trabajo que los hombres. Cobran sueldos inferiores en un 11 por ciento, apenas tienen representación en los puestos de responsabilidad y sólo son mayoritarias en sectores no especialmente cualificados. Con estas condiciones, las mujeres prefieren no acceder al mundo del trabajo. La solución a este problema es tan conocida como su diagnóstico. En España no se favorece lo suficiente la conciliación entre la vida profesional y la familiar. Se han dado pasos, pero han sido muy poco relevantes -por ejemplo, se dirigen más a los hombres que a las mujeres- y muchas veces chocan con la mentalidad de quienes tienen que asumirlos e impulsarlos, por lo general, ejecutivos del sexo masculino. No aprovechar el talento de las mujeres es renunciar a demasiado capital humano. Por eso, la conciliación merece un nuevo impulso.