En la década de los ochenta las cajas de ahorro americanas -en inglés denominadas Savings and Loans (S&L)- tuvieron grandes problemas. El Gobierno americano amplió legalmente en 1982 los productos que podía ofrecer a sus clientes para equipararlas prácticamente con los bancos, y éstas tomaron riesgos excesivos, sobre todo en el mercado hipotecario. Cuando llegaron a una situación crítica, el Congreso evitó la situación de insolvencia. Las entidades, en lugar de corregir sus desmanes, lo incrementaron. El resultado es que entre mediados de los ochenta y de los noventa desaparecieron 1.600 cajas, aproximadamente la mitad de todas las existentes, y un número similar de bancos, arrastrados por éstas, lo que redujo prácticamente a escombros el sistema financiero americano. El plan de salvamento europeo puede derivar en una gigantesca burbuja, que estallará dentro de unos años si no se gestiona de manera adecuada. En España puede darse la paradoja de que el Estado compre activos de las cajas, que no podrá poner en valor durante años. El concepto de activo sano, como lo califica el Gobierno, es una falacia desde el momento en que Bruselas ha colado esta semana, casi con nocturnidad y alevosía, una normativa que permite que los activos de la banca puedan seguir valorados al precio de adquisición durante años. Gracias a esta treta legal, el Estado puede acabar cargando con el saneamiento de las entidades financieras con problemas, como nos temíamos. Sobre todo si se tiene en cuenta que la decisión de qué comprar y a qué precio corresponde únicamente al vicepresidente Pedro Solbes y a su cohorte política. El papel del Banco de España queda limitado a la emisión de informes sobre solvencia y sólo para la concesión de los 100.000 millones en avales, pero no interviene en la compra de activos. Desde luego, el pobre Mariano Rajoy no se enteró de nada cuando esta semana se hizo la foto con Zapatero y dio su apoyo al plan. ¿Nadie en el PP está atento a leer la letra pequeña de lo que se aprueba en las grandes citas? Si el Estado va a cargar con la reparación de las entidades financieras con problemas, lo menos que se puede pedir es que se aproveche para cambiar el mapa financiero español. Una tarea ardua, que hemos reclamado desde esta tribuna de manera insistente, y que esta semana ha empezado a apoyar desde Zapatero hasta el gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández-Ordóñez. Parece que ha sido éste, además, el encargado de convencer al presidente sobre la conveniencia de promover las fusiones, en las largas charlas que celebran en Moncloa. Eso explicaría también por qué Zapatero incluyó la posibilidad de rescatar a bancos y cajas en el Real Decreto emitido tras la reunión del Eurogrupo, celebrada el pasado fin de semana, en contra del criterio del vicepresidente Pedro Solbes, que últimamente aparece como el más desinformado. Si Ordóñez y Zapatero se toman en serio lo de las fusiones, el presidente puede pasar a la historia como el que arregló los problemas del sistema financiero español y puso fin a los agobios económicos de los españoles. Es el mismo paradigma del primer ministro británico, Gordon Brown, por quien hace unas semanas nadie daba un penique en su país. Unos días después, el halo de popularidad de Brown brilla como una pátina gracias a que su plan de rescate para los bancos británicos ha sido tomado como modelo planetario. Uno de los problemas de la crisis actual es la falta de liderazgo de los dirigentes políticos. En el plano nacional, los empresarios españoles prefieren pasar sin ser vistos. Emilio Botín triunfó esta semana con un discurso valiente que ahonda sobre los orígenes del problema, mientras que el presidente de Endesa, José Manuel Entrecanales, y su socio italiano de Enel, Fulvio Conti, renuncian al premio Tiépolo de este año para no hacer más ruido del necesario. Poco a poco, las cosas quieren volver a su ser. Desde Rafael Santamaría, en Reyal, hasta el ínclito Luis del Rivero, en Sacyr, van solucionando sus problemas financieros.