El culebrón de la financiación autonómica y local no ha empezado todavía. Desde el Gobierno central tienen claras las líneas maestras del modelo: más servicios para los ciudadanos, nuevas prestaciones, con más dinero para las comunidades autónomas, que se lo cederán de buena fe a los ayuntamientos si lo necesitan para atender a la gente como se debe.Es una bonita teoría, pero cualquiera que esté cerca de la realidad de los gobiernos autonómicos y de las corporaciones locales sabe que es muy difícil de poner en marcha. Las comunidades tienen las competencias en materia de dependencia y de inmigración, que son dos de las áreas que los ayuntamientos atienden con lo que pueden y que enmarcan dentro de las "competencias impropias". Es una cuestión de sentarse a hablar, ver lo que es de cada uno, poner el dinero que cuesta y designar a quien debe administrarlo. Pero cuando se trata de dinero y competencias entre administraciones, con ambiciones políticas de por medio, la cuestión se complica siempre.La práctica habitual es que las comunidades, en lugar de ceder dinero a quienes más cerca están del ciudadano para darle el servicio público correspondiente, asuman esa labor, en busca de medallas que rentabilizar en forma de votos. Es lo que justifica las acusaciones de "voracidad fiscal" que los ayuntamientos lanzan a las autonomías y de la que se quejan amargamente cada vez que van a ver a Solbes o a Zapatero.Los Presupuestos del Estado están en el Congreso y las cantidades de gasto social, asignadas en sus casillas. Ahora falta que se pueda instrumentar un reparto como es debido de cada servicio público. Otra cosa es que eso sea posible en un año de elecciones autonómicas y municipales, en las que el ansia de poder todo lo abarrota. Será un año de transición y después de mayo, seguiremos hablando del modelo de financiación para comunidades y ayuntamientos pendiente de definir y de cumplir.