E spaña tiene un enorme y valioso patrimonio natural que alberga la más rica biodiversidad de Europa Occidental, lo que hace que casi un 30 por ciento de su territorio esté incluido en la Red Natura 2000. Para garantizar su protección y hacerla compatible con el desarrollo económico y la generación de empleo, es necesario promover políticas medioambientales eficaces y sostenibles, en el marco de las orientaciones y criterios acordados en la Unión Europea, e impulsar actuaciones participativas y centradas, siempre, en las personas. Políticas basadas en una planificación rigurosa, una gestión eficiente, el cumplimiento de nuestros compromisos y el diálogo con todas las partes implicadas. En este sentido, hemos hecho grandes avances en los últimos años en la protección de nuestro medio ambiente, contribuyendo, al mismo tiempo, al crecimiento socioeconómico, y favoreciendo la cohesión y la vertebración territorial. Por lo que se refiere a la política de lucha contra el cambio climático, hemos puesto en marcha, por primera vez, actuaciones efectivas de mitigación que, al mismo tiempo, generan actividad económica baja en carbono y empleo de calidad. Como son, por ejemplo, los planes de ayuda a las empresas para transformar sus modelos productivos; la financiación de proyectos concretos de reducción de emisiones; o la puesta en funcionamiento de un Registro oficial que vincula el cálculo y la reducción de emisiones de las empresas españolas, además de fomentar los sumideros de carbono nacionales. Con el Registro Nacional de Huella de Carbono, Compensación y Proyectos de absorción de CO2 se ha establecido, por primera vez en España, un sistema dirigido a incentivar el interés del sector empre- sarial español por la reducción de emisiones de CO2. Su finalidad es promover el cálculo y reducción de la huella de carbono en las empresas y, lo que es muy relevante, fomentar la implantación de sumideros de carbono, en el territorio nacional, al facilitar la adquisición de lo absorbido en los sumideros, inscritos en el Registro, para compensar la huella de las empresas que también figuran en él. La absorción se lleva a cabo a través de proyectos de reforestación que deben cumplir unos requisitos determinados. Por esta vía, el Registro se convierte en un instrumento de mejora de la competitividad de la empresas, ya que el cálculo de la huella de carbono de una organización no se limita a estimar sus emisiones, sino que implica desarrollar el conocimiento de sus consumos energéticos, con el fin de reducirlos, en cuanto sea posible, con el consiguiente ahorro de costes. Y, por otro lado, se convierte en un instrumento de lucha contra el cambio climático, favoreciendo el medio natural al potenciar la absorción de carbono a través de la puesta en valor del sector forestal español, con la creación de nuevas superficies forestales y la regeneración de zonas incendiadas, una de las grandes prioridades en la que también trabaja el Gobierno. Finalmente, el Registro promueve la creación de un mercado nacional de compensación entre emisores y sumideros de carbono. Desde el lanzamiento del registro hasta la fecha, 348 empresas de 19 sectores de actividad económica, sobre los 21 existentes, (77, en 2014; 244, en 2015, y 263, en 2016, hasta la fecha) han inscrito un total de 584 huellas de carbono. Lo que demuestra el interés creciente de las empresas por comprometerse con la reducción de emisiones y obtener un marchamo oficial, a través de la inscripción en el Registro. En este periodo de tiempo se han llevado a cabo 12 proyectos de absorción, muchos de los cuales ya han vendido parte o todas sus absorciones disponibles. Estos proyectos se distribuyen a lo largo y ancho del territorio nacional, con repoblaciones llevadas a cabo en Castilla y León, Comunidad Valenciana, Cataluña y Cantabria, principalmente. El sector del transporte es el que más representación tiene entre las huellas de carbono inscritas, con el 18 por ciento del total, junto con el sector de la industria manufacturera, con un 17 por ciento, y de las actividades profesionales, científicas y técnicas, con el 12 por ciento. En cuanto al tamaño de las organizaciones inscritas es diverso. Más del 70 por ciento de ellas son pymes, y, de éstas, las que tienen mayor representación son las pequeñas empresas. Entre las que figura, por cierto, dando un gran ejemplo de responsabilidad social, la empresa editora de este periódico Editorial Ecoprensa. Las actuaciones que ha puesto en marcha el Gobierno, como el Registro Nacional de Huella de Carbono, Compensación y Proyectos de absorción de CO2, se enmarcan en el espíritu que inspiró el Acuerdo de París. Un Acuerdo universal, ambicioso y equilibrado para avanzar en la transformación de nuestros modelos de desarrollo hacia otros modelos bajos en carbono y resilientes a los impactos del cambio climático. El Acuerdo entró en vigor el pasado 4 de noviembre, dos años antes de lo previsto. Y con ello, ha arrancado un proceso que ya es imparable, tal y como ha demostrado la reciente Conferencia de las Partes, la COP 22, celebrada en Marrakech. Una Conferencia en la que se han cumplido los dos objetivos que se habían fijado para el encuentro: implementar el Acuerdo de París y concretar las acciones que se llevarán a cabo para luchar contra el cambio climático. Con este fin, en Marrakech se ha establecido un calendario para que en 2018 estén fijadas las reglas que permitan aplicar el Acuerdo y se ha incidido en que la transición hacia un modelo bajo en carbono y resiliente al clima es irreversible. En esta senda está España. A lo largo de 2016, dada la peculiar situación política que ha vivido el país, hemos avanzado todo lo posible, desde el punto administrativo, para ratificar el Acuerdo de París. Y, tan pronto se ha constituido el nuevo Gobierno, el Consejo de Ministros lo ha remitido a las Cortes para que se ratifique por procedimiento de urgencia. No obstante, la ratificación de la Unión Europea ha sido fundamental para la entrada en vigor del Acuerdo. En particular, gracias al compromiso previo de la Unión y sus Estados miembros, entre ellos España, de reducir las emisiones de la Unión en 2030 en, al menos, un 40 por ciento respecto a lo emitido en el año 1990. El compromiso más ambicioso de todos los suscritos hasta ahora. Por nuestra parte, en los próximos años, será fundamental seguir avanzando. Impulsaremos actuaciones para cumplir nuestros compromisos. Hoy, España cumple el Protocolo de Kioto para el primer periodo 2008-2012. Tenemos en marcha muchas iniciativas que nos permitirán cumplir, también, los compromisos del siguiente periodo, hasta 2020. Y, con la ratificación del Acuerdo de París, España va a tener plena capacidad para trabajar activamente en concretar medidas para alcanzar los objetivos a partir de 2020, con el fin de limitar el incremento de la temperatura por debajo de los 2 grados y trabajando en escenarios compatibles con los 1,5 grados, como recoge el Acuerdo de París. En este sentido, promoveremos una Ley de cambio climático que recogerá todos los compromisos e instrumentos necesarios para que la economía española pase a ser una economía baja en carbono, crezca y cree empleo. Y que, además, nos facilite cumplir nuestros compromisos internacionales en esta materia. Para elaborarla, lanzaremos un proceso abierto y participativo, de manera que esta sea una Ley de todos y para todos. La protección del medio ambiente, y la lucha contra el cambio climático en particular, es tarea de todos. Afecta a todos, implica a todos y requiere la contribución de todos. Tenemos mucha tarea por delante. Pero también la ilusión y el empeño necesario para llevarla a cabo. Y el conocimiento de la situación por la que atraviesa el planeta. Ya no hay excusas. Está en nuestras manos hacer llegar a las generaciones futuras un mundo mejor que el que las generaciones pasadas nos han legado.