E l 1 de enero de 2009 es otro momento clave en el sistema eléctrico español. Para adaptarse a la Directiva Europea y eliminar el refugio subvencionado, el Gobierno español tendrá que dar un segundo avance. Para ello se sustituirá la actual tarifa de baja tensión por otra nueva tarifa conocida como tarifa de último recurso, igualmente subvencionada. El objetivo de la tarifa de último recurso es procurar una opción de suministro eléctrico a aquellos consumidores que no hayan podido contratar un suministro de electricidad en el mercado liberalizado por no disponer de ofertas por la razón que sea. No se debería tratar de una tarifa social universal. Ésta podría existir con el propósito específico de ayudar a los consumidores más desfavorecidos, pero sin considerarla una tarifa a la que se puedan acoger todos los consumidores. El error sería considerar a todos los clientes de baja tensión como desfavorecidos. Con el mismo criterio se podrían subvencionar las hipotecas, el agua, el gas o el IBI. La mencionada tarifa de último recurso debería ser tal que no compita en precio con las ofertas de libre mercado. Si así fuese, eliminaría la posibilidad del nacimiento de un mercado eficiente y engordaría el actual déficit de tarifa que asciende a 14.000 millones de euros. Por otro lado, la desaparición de la tarifa de baja tensión y la aparición de una tarifa de último recurso aditiva borraría de raíz la aparición de nuevos déficit de tarifa originados por precios mayores en mercado que en tarifa y reduciría el problema del déficit de tarifa tan sólo al déficit ex ante, que surge de reconocer unas tarifas de acceso explícitas e implícitas inferiores a las reales. Un posible problema logístico está asociado a la nada desdeñable cantidad de 26 millones de clientes susceptibles de contratar la tarifa de último recurso, ya que no conocen qué estructura tendrá y qué nivel de precios ofrecerá. Los comercializadores, que tampoco tienen noción de las implicaciones que tendrá la tarifa de último recurso, encuentran que los clientes no tomarán decisiones desde el punto de vista de contratación de suministro hasta que tengan visibilidad de dicha tarifa, y puedan compararla con la oferta en el mercado libre. En caso que se agoten los plazos, se publique a finales de diciembre y se haga como tiene que hacerse, es decir, que el nivel de tarifa recoja los costes del mercado, al día siguiente 26 millones de clientes querrán pasarse al mercado libre. Esto significará que las compañías suministradoras tendremos que preparar en un tiempo récord 26 millones de ofertas y las compañías distribuidoras en igual tiempo récord tendrán que gestionar 26 millones de solicitudes de acceso. Si finalmente la tarifa de último recurso es aditiva, es decir recoge todos los costes reales, esto implicará que por primera vez el mercado eléctrico español será realmente competitivo donde todos los jugadores actuarán en igualdad de condiciones. Esta realidad dará una tremenda liquidez al mercado físico de la electricidad e igualmente al mercado financiero de electricidad fundamental para dar aseguramiento de precios. Esta liquidez del mercado financiero hará que cada vez el potencial poder oligopólico de las compañías generadoras se vaya reduciendo. Al desaparecer la subvención encubierta de la tarifa tradicional y si la nueva tarifa de último recurso no se convierte en otro refugio, la contrapartida negativa para los consumidores será un aumento del 30 por ciento del precio que tendrán que pagar los ex abonados. Esta mala noticia traerá una lógica reacción de tinte muy positivo para el país en su globalidad, ya que los consumidores empezarán a considerar la electricidad no como algo tan barato cuyo consumo es inelástico, sino como un bien de consumo cuya demanda tendrá que adaptarse a pautas de necesidad y no de derroche. Se acabarán: habitaciones vacías encendidas durante horas o días, aires acondicionados a tope, aparatos eléctricos enchufados en stand by o escaparates iluminados durante toda la noche. Otro reto importante vinculado a la tarifa de último recurso es la necesidad de tratar de forma diferenciada el consumo residencial del resto. Hasta la fecha, cualquier instalación que tenga en marcha 15 KW o menos se considera un cliente doméstico y se le liquida como tal, cuando en realidad dentro de ese saco de 26 millones de clientes hay aproximadamente 1 millón de empresas pymes -tiendas, cafeterías, bares, otros locales comerciales, oficinas de profesionales, etcétera- cuya pauta de consumo es radicalmente distinta a la de los hogares. Sin embargo, se les considera exactamente igual a efectos de liquidar los costes energéticos. El sistema tiene ahora la oportunidad de separar esta simplificación, que distorsiona de forma grave la realidad eléctrica nacional. El año 2009 puede ser el primer año de verdadera liberalización. Será el mercado quien decida lo que vale la energía. No quiere decir que vaya a ser más barata, sino que tenderá a costar lo que vale en ese momento. Que ya va siendo hora.