El Gobierno confirmó el fuerte impacto que tendrá para las empresas la manera elegida de recuperar los tipos mínimos en el pago adelantado de Sociedades. Su supresión, dictada por la reforma fiscal, fue un error grave, como muestran los desplomes del 80 por ciento en la recaudación, ahondado por la torpeza en la elaboración de previsiones sobre su impacto. La amenaza de que el déficit público se disparara obligó a resucitarlos, pero Hacienda lo hace de un modo que tendrá efectos equivalentes a los de una subida en toda regla del impuesto. Así, el tipo de la retención crece del 12 por ciento anterior hasta el 23 por ciento o, para los bancos, el 25 por ciento. En paralelo, se amplía la base de firmas obligadas a hacer estos pagos, ya que ahora incluye a todas las que superen los 10 millones de facturación. No cabe replicar que lo único que hacen las empresas es adelantar pagos que serán compensados en años posteriores. Hacienda prevé que el nuevo régimen de Sociedades se mantenga hasta 2018. En otras palabras, las devoluciones de un ejercicio se compensarán con los adelantos del siguiente y el impacto será el propio de una mayor exigencia fiscal sobre las compañías. La mayor presión sobre estas últimas contrasta vivamente con el trato de favor que Hacienda sigue mostrando ante las autonomías. No en vano los pagos que liberará el FLA en este trimestre baten previsiones al llegar a 10.500 millones, de modo que, en los últimos cinco años, son 160.000 millones los que Hacienda ha inyectado en las regiones, sin aplicar los controles que exigen objetivos básicos como embridar su déficit o pagar a tiempo a los proveedores El Ministerio muestra así un doble, y pernicioso rasero, a la hora de repartir las cargas de la estabilidad fiscal.