El brillo empresarial y bursátil de las últimas operaciones eléctricas, que benefician con rentabilidades mareantes al pequeño inversor, está oscureciendo los problemas del sector. De hecho, el nuevo mapa empresarial que se fragua podría aportar más complicaciones. Se puede discutir si no son buenos los campeones nacionales. Pero la obligación del Gobierno no es vigilar quién es el propietario de las eléctricas, sino si el resultado de las operaciones permite proteger y aumentar la competencia de modo que los ciudadanos y las empresas españoles accedan a un precio justo al bien público que es la energía. La posible fusión de Unión Fenosa e Iberdrola reduciría el número de competidores en el mercado nacional. Si en España hubiera libertad de precios y las compañías extranjeras no tuvieran trabas para montar aquí sus negocios, el número de competidores no tendría importancia alguna. Pero ésa no es la realidad. Ahora no hay mercado energético porque los precios -su manifestación principal- no son libres, ya que los fija el Gobierno. Además, hay mil condiciones legales más que impiden a una empresa extranjera comenzar a operar desde cero, porque no es rentable. El supervisor de la energía -la CNE-, que es el encargado de vigilar que no se pierda la escasa competencia que hay, ha mostrado estar a las órdenes de un Gobierno al que sólo interesa blindar más el mercado, y que, ayer mismo, dijo que estudia cambiar otra vez las leyes para favorecer más campeones nacionales. Con un mercado cerrado, menos empresas y más fuertes tendrán más poder para presionar al Gobierno y que suba las tarifas para compensar valoraciones en bolsa irracionales. ¿Quién pagará los daños de la fiesta eléctrica? El Gobierno debe atajar las complicaciones y que no sufra el consumidor.