Las consecuencias del escándalo de las emisiones de Volkswagen están aún muy lejos de cerrarse. No se trata ya del daño económico y reputacional que ocasiona al grupo alemán, sino de la suerte que puede correr el resto del sector. Por lo pronto, se sabe que Volkswagen se ha visto obligado a provisionar cerca de 17.000 millones de euros, lo que lleva a pérdidas de 1.515 millones al grupo. Pero tal y como reconoce su consejero delegado, Matthias Müller, el coste total se desconoce, ya que las negociaciones con las autoridades de Estados Unidos continúan, por lo que la factura para dar con la solución técnica adecuada, pagar indemnizaciones y recompras y cargar con los costes legales podrían superar la multimillonaria cifra dotada en las cuentas. Pero la confianza sobre los dispositivos de todos los fabricantes automovilísticos que controlan las emisiones contaminantes ha desaparecido, y las marcas se enfrentan ahora a los exámenes de diferentes gobiernos europeos. En Alemania, el ministro de Transportes ha declarado que tiene serias dudas sobre los dispositivos de quince fabricantes, y anima a los países donde está ubicada la sede central de cada marca a que les llamen a revisión, tras haber hecho lo propio con los grupos germanos. Los indicios de que el incumplimiento de las normas no se limitan a Volkswagen pone al descubierto el débil control europeo sobre todo el sector. No se trata sólo de descubrir si hay un engaño generalizado a las autoridades y a los consumidores. Sortear la ley para reducir los costes de la fabricación puede ocasionar graves daños a la industria europea. Un sector potente, cuyas cuentas no se pueden engordar a fuerza de encontrar las grietas en las normas para sortearlas.