L a Alianza del Pacífico (AP), creada oficialmente el 28 de abril de 2011, es un mecanismo de articulación política, económica, de cooperación e integración entre Chile, Colombia, México y Perú. Según el documento oficial, el objetivo es tener un área de integración profunda que logre condiciones de crecimiento de los países miembros mediante la libre circulación de bienes, de servicios, capitales y personas con el fin de lograr una inserción internacional efectiva con otras regiones, particularmente con Asia Pacífico (R. Casilda, 2012: América Latina emergente. Editorial Universitaria Ramón Areces). Los países de la AP superan los 214,1 millones de habitantes, un PIB de 2,1 billones de dólares, que representa el 37 por ciento de Latinoamérica. Cuentan con una renta media de 16.500 dólares y concentran el 50 por ciento de las exportaciones de la región al resto del mundo, lo que le convierte en la octava potencia económica y exportadora mundial. Como bloque aspira a ser la locomotora de la economía latinoamericana y la puerta de entrada a Asia con una fórmula simple: integración total entre sus miembros, gran crecimiento económico, cero de retórica y plena seguridad jurídica. El Acuerdo Marco, suscrito el 6 de junio de 2012 en Paranal (Chile), establece formalmente el bloque, sus bases institucionales y obje-tivos, fijando los requisitos para los países que quieran incorporarse, así como las relaciones externas con terceros. El AM, tiene como principales puntos liberalizar el intercambio comercial de bienes y servicios con miras a consolidar una zona de libre comer-cio, libre circulación de capitales y promoción de la inversión, la facilitación del comercio y los trámites aduaneros, la cooperación migratoria y la prevención de delitos. A su vez, el Protocolo Adicional que entra en vigor el próximo 1 de mayo, deja libre de aranceles el 92 por ciento de los productos, mientras que el 8 restante está sujeto a un cronograma progresivo de desgravación. De esta manera, se intensifica la posibilidad de incrementar el comercio del bloque, la creación de ventanillas únicas, las certificaciones de origen comun, y otras medidas que podrían ser de amplio interés para las empresas españolas. España tiene el status de miembro observador en la Alianza del Pacífico, pero durante la VII Cumbre (Cali, 20 y 24-05-2013), el presidente del Gobierno español pidió participar como miembro pleno, lo cual sin dudas, abriría unas vías inéditas para la economía y las empresas españolas. España puede cooperar con la AP en sus diferentes ámbitos de actuación, como el propuesto durante la reunión de Cancilleres (México, 17-03-2015) por la secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL); Alicia Bárcena, quien entregó una propuesta de cooperación para la comercialización internacional de productos pesqueros donde se proponen acciones de trabajo conjunto entre los países para potenciar la complementariedad y las sinergias de sus ofertas exportables en el sector pesquero. Nuestro país como primera potencia mundial, cuyos barcos pescan a lo largo de todo el mundo, tanto en el Atlántico como en el Pacífico y en el Índico, cuenta con una industria pesquera de primer nivel, alta calidad, experiencia y competitividad, lo cual, le permite convertirse en un excelente aliado para el buen fin del proyecto y con el mismo, iniciar una senda de cooperación beneficiosa para los respectivos intereses. En este sentido, la visita del ministro de Relaciones Exteriores y Cooperación; José Manuel García-Margallo a Chile (la próxima semana), es tan acertada como oportuna. Por un lado, además de constatar las excelentes relaciones existentes entre ambos países, podría tratar el deseo de España para obtener un status privilegiado dentro del grupo de observadores en la AP, y también el proyecto de cooperación de pesca presentado por CEPAL, por ser Chile el próximo país que le corresponde la Presidencia pro tempore de la AP. En Chile, las empresas españolas cuyo número sobrepasa las 1.500, lideran la inversión extranjera directa con un stock superior a los 30.000 millones de dólares, contando con actividades en prácticamente todos los sectores, pero con especial presencia en banca, seguros, telecomunicaciones y tecnología, energía, construcción, concesiones e infraestructuras, sectores estos últimos que ofrecen amplias oportunidades para las empresas españolas, según el plan de infraestructuras presentado por la presidenta, Michelle Bachelet, para el período 2014-2021, donde se invertirán 20.575 millones de euros, de los que aproximadamente una tercera parte se materializaran a través de concesiones a largo plazo. Por todo lo cual, confiemos que el deseo de España para obtener un status privilegiado dentro del grupo de observadores en la AP, permita iniciar una fructífera cooperación y que por descontado, continúen las fructíferas relaciones con Chile, donde su presencia en España es cada vez más notoria y deseable.