La UE no tiene ni estructura, ni dinero suficientes para desarrollar una política de inmigración decente. Ésa es la respuesta que obtuvo el Gobierno español a su petición de ayuda a Bruselas la semana pasada. Son muchos los países que han reprochado a España que pida la ayuda comunitaria para hacer frente a la avalancha inmigratoria. Sobre todo -y éste es el principal argumento- después de legislar por su cuenta y riesgo y sacar una norma demasiado permisiva sin consultar antes con sus socios. Eso es verdad, pero no justifica que no se haga nada. La Comisión Europea sabe que la mayor cantidad de inmigrantes no llega por las costas españolas, sino por el Norte, con origen en los países del Este. Es innegable que la ampliación de la UE va a suponer la creación de un nuevo mercado único mucho más amplio, con más fronteras y la incorporación de algunas economías que están lejos de los niveles de desarrollo medio de la eurozona. Esto quiere decir que va haber muchos más inmigrantes que ahora buscando una vida mejor. Y no sólo en España. Ese movimiento migratorio ya sería una buena razón para preguntarse si los 68 burócratas de la agencia europea de fronteras (FRONTEX) van a ser suficientes para atender un asunto de plena dimensión comunitaria. La respuesta es que no. La imprevisión de España no debe ser una coartada para no afrontar el problema, diseñar una estrategia global y aplicar los medios que sean necesarios para actuar con eficacia. Claro que no hay motivo alguno para ser optimistas respecto a la inmigración: los jefes de Estado y de Gobierno de la UE ni tan siquiera han sido capaces de articular una mínima política común de puertas adentro, es decir, en Justicia e Interior, desde que se pusieron esta prioridad hace siete años. Las soluciones esperan.