E n las últimas semanas, con los fraudes detectados en dos grandes cadenas de franquicias dentales, los consumidores descubren con asombro e indignación cómo unos pocos han intentado hacer fortuna a costa de la salud dental y los ahorros de miles de españoles. Desde que empezaron a surgir, al amparo de una legislación mucho más laxa que la de la mayoría de nuestros vecinos europeos, centros de odontología regentados, no por profesionales, sino por cualquiera con los fondos o el crédito suficiente para abrir una franquicia, el sector ha experimentado un boom basado en precios bajos y en una alta inversión publicitaria. Mientras que en 2004 se hicieron en España 400.000 implantes, en diez años se ha doblado a 800.000. Sin embargo, este rápido crecimiento esconde un dramático descenso en la calidad material y profesional de los tratamientos. Las cadenas de clínicas dentales, que han crecido de forma exponencial gracias a políticas de inasumibles reducciones de costes, han generalizado la utilización de materiales dentales de baja calidad, así como una insostenible reducción de los salarios de sus empleados. En la mayoría de los casos en estas clínicas son comerciales, y no profesionales de la salud, quienes elaboran y presentan los presupuestos de los tratamientos a los pacientes, a menudo junto con irresistibles facilidades para su financiación. Y luego son dentistas, mal pagados y con miedo a quedarse sin empleo, quienes llevan a cabo los tratamientos que estos comerciales han “vendido”. No podemos olvidar que el gran aumento de licenciados en odontología en los últimos años ha situado la tasa de paro de la profesión en el 20 por ciento. En 2014, el Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid (COEM) lanzó la campaña Tu boca no está en oferta, denunciando estas prácticas y concienciando al consumidor en la necesidad de informarse antes de optar por un tratamiento. Hace dos semanas, el COEM anunció su personación como acusación particular en el caso Funnydent, “en defensa de los pacientes y para velar por los intereses generales de la profesión odontológica”. El COEM recomienda “desconfiar de la publicidad que anuncia ofertas y precios excesivamente bajos, porque pueden suponer un riesgo para la salud, no cumplir ciertas garantías o no especificar lo que incluye el tratamiento ni el precio final que tendrá que pagar el paciente.” En la misma línea, algunas marcas de implantes dentales de reconocido prestigio, han tratado de hacer llegar al público la importancia de no elegir el implante dental en función de que sea el más barato, y de tener en cuenta que el precio del implante es sólo un pequeño porcentaje del coste total de su colocación, por lo que merece la pena elegir una marca avalada por estudios científicos independientes y de calidad contrastada. Lo que piden las marcas de implantes es que los pacientes requieran una información veraz y que, para ello, consulten a sus odontólogos de confianza antes de elegir cualquier tipo de tratamiento dental. Asimismo, muchas de las denuncias interpuestas contra las clínicas dentales son debidas a presupuestos incompletos, que sospechosamente se van inflando cuando el tratamiento está a medio realizar y sobre los que el paciente ya no dispone de ningún control ni capacidad de decisión. Un buen presupuesto debería incluir los precios del estudio radiológico, del fabricante y tipo de implante, de la corona definitiva, de la prótesis provisional si es precisa, de cualquier procedimiento adicional (regeneración ósea, elevación de seno, extracciones dentales...), y de los mantenimientos periódicos posteriores. No hay que olvidar que un tratamiento dental es como cualquier tratamiento sanitario, y que las consecuencias de una mala elección de especialista pueden ser muy graves para el paciente. La presión comercial y la publicidad pueden generar un efecto de banalización de la odontología, que nos puede acabar pareciendo un servicio más, como quien compra “la oferta de la semana”. Si nadie elegiría un tratamiento médico porque se nos ofrezca en oferta de dos por uno, tampoco lo debería hacer con un tratamiento dental. El evidente riesgo para la salud que se pone de manifiesto con los casos que se han visto últimamente exige que las autoridades regulen de forma más profesional, y similar a la del resto de los países europeos, lo referente a la salud dental. Estos exigen, entre otras condiciones, que el propietario de la consulta sea un verdadero dentista.