España afronta un exigente reto, pues debe recortar 20.000 millones de gasto público para cumplir con el objetivo de situar el déficit en el 2,8 por ciento, como Bruselas exige. Será necesario corregir la arraigada indisciplina de las CCAA y extremar aún más el rigor en el Estado, sin poder contar con la Seguridad Social (que seguirá en déficit) para realizar un recorte semejante al que el presidente Zapatero se vio forzado a hacer en 2010. Objetivos tales parecen inalcanzables para los Gobiernos débiles que se vislumbran tras el 20-D. Los partidos deben ser conscientes del alto coste de esa incapacidad. Nada sería más arriesgado que afrontar el incierto contexto económico actual con las debilidades y el descrédito que se derivan de unas cuentas públicas no embridadas.