E l sonado fraude cometido por la compañía alemana Volkswagen ha desatado las exigencias de un redoblado intervencionismo estatal en la industria automovilística. Al parecer, que Volkswagen haya engañado a sus clientes y haya incumplido las regulaciones estatales sobre su sector constata una vez más la inviabilidad del liberalismo económico y, por consiguiente, la imperiosa necesidad de un Estado omnipotente que controle y supervise cada una de las actividades que tienen lugar en el sector privado. Dejando de lado el debate de si la regulación estatal que ha burlado Volkswagen era o no necesaria, lo que sí parece indudable es que la automovilística ha engañado a sus clientes, respaldando el prejuicio de que el libre mercado degenera en la ley del más fuerte. Pero semejante visión del liberalismo económico parte de un error de concepción fundamental: el liberalismo se asienta sobre el escrupuloso respeto a la libertad individual, a la propiedad privada y a los contratos voluntarios. Cualquier transgresión de alguno de estos tres presupuestos no constituye un desarrollo lógico del libre mercado, sino un atentado contra el mismo. Liberalismo no es confiar ingenuamente en que ninguna empresa vaya a pretender engañar nunca a sus clientes o proveedores, sino permitir que las partes establezcan consensuadamente los términos de sus interacciones, y que se hallen obligadas a cumplir con lo convenido. Por supuesto siempre habrá empresas o particulares que intentarán defraudar a los demás, al igual que siempre habrá delincuentes que querrán atracar y apropiarse de la propiedad ajena: pero ello no significa que el libre mercado no funcione, sino que los derechos de las personas deben ser protegidos para que el libre mercado funcione. Y tan necesaria tutela de los derechos de las personas no tiene por qué efectuarse a través de órganos administrativos ad hoc que se inmiscuyan en todas las transacciones entre agentes privados, sino que basta con que los tribunales sancionen a los defraudadores y les obliguen a reparar el daño causado: no en vano, ya han comenzado a emerger por todo el mundo las demandas colectivas contra Volkswagen por parte de los usuarios engañados. Nada de ello es contrario a los principios del libre mercado sino, por el contrario, consustancial a los mismos. Con todo, el caso de Volkswagen posee más aristas que aquellas que a los críticos del libre mercado les gustaría reconocer. Al cabo, cada vez son más abundantes las evidencias de que las autoridades comunitarias conocían el fraude de la automovilística alemana desde hacía varios años: en diversos informes publicados por el Parlamento Europeo y la Comisión Europea desde 2010, ya se alertaba de que Volkswagen estaba empleando aparatos prohibidos para manipular las emisiones de óxido de nitrógeno de los vehículos diésel. Por consiguiente, el problema no se circunscribe aquí al fraude de una empresa, sino a la complicidad exhibida en ese fraude por burocracias estatales constituidas con el propósito de detectarlo y evitarlo. Si el fraude cometido por Volkswagen requería de una limitación del ámbito del mercado libre, ¿acaso el fraude cometido por los reguladores estatales no requiere de una limitación del ámbito del intervencionismo gubernamental? La asimetría moral que algunos dispensa al mercado y al Estado no está justificada: si los presuntos fallos del mercado conducen a exigir menos mercado, los ciertos fallos del Estado deberían conducir a exigir menos Estado. A falta de que los críticos antiliberales pongan en práctica tan meritorio ejercicio de coherencia, de momento el escándalo de Volkswagen únicamente nos recuerda dos hechos que ya deberían ser ampliamente conocidos: el primero, que a veces las personas -incluidos políticos y reguladores- intentamos engañar al resto en nuestro propio beneficio, y tales fraudes deben conllevar la obligación de reparar y compensar el daño causado a las víctimas; el segundo, que existe una muy estrecha conexión neomercantilista entre muchas grandes empresas y las estructuras estatales que restringen la libertad de todos. Ninguno de ambos hechos debería llevarnos a reclamar menos libertad de mercado sino más: más respeto a las libertades individuales, a la propiedad privada y a los contratos voluntariamente suscritos. Es decir, proteger e indemnizar a las víctimas de los fraudes que han padecido y romper la alianza entre los Estados y los grupos de presión.