España se va a sumar a Europa en el esfuerzo para acabar con el fraude sanitario. La UE estima entre 30.000 y 100.000 millones de euros el dinero que se esfuma anualmente debido a prácticas fraudulentas. No hay datos separados para España. Entre otras cosas, porque el fraude es uno de los grandes tabúes de la sanidad a los que nadie quiere hincarle el diente. El motivo es evidente, ya que no hay político que llegue al Gobierno con las suficientes agallas como para investigar por qué un mismo medicamento puede costar un 236 por ciento más en un hospital público que en otro, cómo funcionan y qué compañías protagonizan los sobornos indirectos o encubiertos a médicos para que receten unas medicinas y no otras, porque muchas compras de material se hacen a dedo sin cumplirse la Ley de Contratos del Estado, o cómo es posible que los jubilados consigan productos para toda la familia a diario sin que pase nada y el gasto farmacéutico continúe siendo un disparate. Por eso, con ser un paso pequeño, hay que felicitarse por que la Administración sanitaria española comience a afrontar el fraude. Con todo, el punto de partida de España tampoco es tan malo en términos de cifras generales. Por ejemplo, el gasto público respecto al total en sanidad está por debajo de la media de los países de la OCDE y se ha venido conteniendo durante los últimos años. Pero eso no es suficiente para poner fin al despilfarro y también hay que dar solución a los problemas indicados, ya que hay varios factores que van a presionar al alza el gasto en el futuro y harán aumentar los problemas: la inmigración, el envejecimiento y la necesaria inversión en nuevas tecnologías. Hace falta más eficiencia.