La Operación Chamartín sigue bloqueada. Y las posibilidades de reactivarla se alejan por momentos, aunque su futuro es clave para miles de ciudadanos. El problema es que las tres administraciones implicadas en el mayor proyecto urbanístico de Europa no se ponen de acuerdo ni sobre la parte de las plusvalías que Duch (la empresa encargada de desarrollar las obras) debería ceder, ni sobre su destino concreto. Fomento acordó con la compañía que ésta pagase un canon fijo de 1.200 millones de euros, que el ministerio de Magdalena Álvarez dedicaría a inversiones en proyectos ferroviarios. Pero tanto el Ayuntamiento como la Comunidad de Madrid han exigido que ese beneficio revierta, en parte, en su territorio, aunque sólo sea para garantizar que los accesos y las infraestructuras necesarias para que la zona esté comunicada y no se atasque, queden garantizados. Se sabe que serán más de 8.000 millones de euros las plusvalías que la recalificación y gestión de los terrenos va a generar, y la Comunidad calcula que con 1.700 millones podrían quedar garantizados los accesos. De lo que se trata es de buscar la forma más eficaz posible de administrar ese dinero, de acuerdo siempre con la empresa que se arriesga y sin que las ambiciones políticas de una parte y de otra supongan un menoscabo para el bienestar de los ciudadanos. Cuando el nuevo Chamartín esté en marcha, más de 50.000 personas se moverán cada día en su entorno, y tienen derecho a hacerlo de la forma más normalizada posible. Metro, viales, transporte público, etc. Nada les debe faltar. Es necesario que todas las partes se sienten a razonar sin prejuicios, para que la política no impida que la gente viva en paz.