España está inmersa en el mismo cuadro de problemas de envergadura creciente que afectan al sector energético europeo. Esos problemas comunes a todos los Estados Miembros han supuesto la publicación de un paquete de medidas establecidas por la Comisión Europea a aplicar en 2008, cuyo eje central es en realidad la reducción de emisiones de efecto invernadero. En esta dinámica, España debe ahora afrontar la estrategia europea que ha venido a definirse como del 20-20-20: alcanzar en el año 2020 el objetivo de contar con un 20 por ciento de energía renovables, conseguir un 20 por ciento de ahorro en el consumo total y reducir en un 20 por ciento las emisiones de CO2 (que puede ser del 30 por ciento si hay acuerdo mundial). Nadie entiende que estos objetivos sean posibles sin mantener el criterio de utilizar todas las tecnologías energéticas hoy disponibles. Este es el contexto objetivo en el que debe situarse cualquier consideración acerca de la energía nuclear, que hoy supone el 30 por ciento del suministro eléctrico de la UE, en tanto que para España esa cifra se reduce en 10 puntos. La composición del parque generador español, que es fiel reflejo del gran esfuerzo inversor que ha realizado la industria eléctrica para adecuarse históricamente a las exigencias y necesidades de la política energética para hacer frente a sucesivas crisis, se caracteriza hoy por una menor participación de las centrales térmicas de petróleo, como resultado de la sustitución de este combustible en los años 80 por otras plantas de ciclo combinado, que ya suman en torno al 30 por ciento de la potencia instalada. Paralelamente, se ha producido un importante crecimiento de las energías renovables, especialmente las eólicas, que ya alcanzan algo más del 25 por ciento de la potencia instalada. Junto a estos dos movimientos, la energía hidráulica sigue su ciclo natural, ligado a la pluviosidad. Por su parte, las centrales nucleares mantienen desde hace años inalterada su capacidad. Por su parte, la Unión Europea de 25 Estados presenta un parque generador con algunos rasgos significativos si lo comparamos con el parque español. Destaquemos, en primer lugar, la mayor presencia porcentual del parque nuclear: 18,9 por ciento en la UE-25, en 2005, frente al 10 por ciento en España. Por otro lado, la potencia instalada en generación con energías renovables respecto a la potencia total es mayor en el parque español (16 por ciento) que en el del conjunto de la UE-25 (6 por ciento). Anotemos entre paréntesis que la inclusión en 2007 de Rumanía y Bulgaria no altera de manera sustantiva estos cálculos. La conclusión que se deriva de estas diferencias, es que se trata del mayor recorrido efectuado por la industria eléctrica española en el fomento de energías renovables -sin contar la hidráulica convencional, asimismo renovable-; pero también la importancia que para la contribución a la solución del problema del calentamiento terrestre tiene el hueco sin cubrir para atender al crecimiento de la demanda, y que si no se hace nada, serán cubiertos por otros combustibles, en su mayoría fósiles y por tanto, emisores de CO2. Ese hueco, que se viene generando a lo largo de 25 años, implicará ya en el año 2008 importantes sobrecostes para la producción eléctrica española por adquisición de derechos de emisión, con consecuencias económicas evidentemente negativas, además de empeorar la dependencia energética del exterior y, por tanto, nuestras posibilidades reales del control de costes y mejora de la productividad de nuestras empresas. Esta realidad debe ser explicada a la sociedad, sin eludir las repercusiones económicas de cada alternativa o escenario, para que sea la propia sociedad la que decida libremente -es decir, con conocimiento de causa- sobre la adopción o no de todas las medidas que puedan paliar la situación, incluido el uso de la energía nuclear, de la mano y sin falsos antagonismos con las energías renovables, con el ahorro y uso eficiente de la energía y con la adopción de cualquier otra innovación que pueda contribuir a hacer frente al problema del cambio climático sin poner en peligro -según postula la Comisión Europea- la competitividad de la Unión Europea ni el bienestar de sus ciudadanos. Sin salirnos de este contexto, la opción nuclear deberíamos valorarla, en primer término, por cuanto puede aportar a la seguridad y estabilidad en los suministros, no sólo en cantidad, sino también en "instantaneidad" y estabilidad del coste del kWh por su relación coste fijo-coste variable. Se trata de una cuestión de orden estratégico que corresponde a cada nación decidir. Y en casos como el nuestro, podríamos entender que se trata de una cuestión a resolver en común por el conjunto de la UE, por cuanto supone de marco más competitivo y real a nivel mundial, con la formación del mercado interior único. Pero, además, se hace necesario tener en cuenta las propias posibilidades disponibles en cada momento en materia de tecnologías. Se introduce así la cuestión del mix de generación, en el que inciden, desde luego, las posibilidades reales que cada país tiene de hacer uso de unas u otras tecnologías, pero se contempla, además, el modelo que cada sociedad decida responsablemente darse. En este sentido, el papel que se quiera adjudicar en la balanza energética a las tecnologías basadas en combustibles fósiles, a las renovables y a la nuclear, marca una senda esencial que trasciende a la propia realidad tecnológica, para contemplar además los factores económicos, tanto del conjunto energético como de cada una de sus diversas opciones, como Unesa ya analizó de manera detallada en su informe sobre Prospectiva de generación eléctrica 2030. Pero debemos tener en cuenta, además, que la energía de origen nuclear presenta, en relación con otras tecnologías, importantes ventajas competitivas en cuanto a sus costes totales -esto es: la suma de los costes de capital, con los de combustible, operación y mantenimiento- para la producción eléctrica, puesto que es mucho más independiente de los costes de combustible. De igual forma podríamos plantear ese juego de equilibrios en otros campos, por ejemplo, en el medioambiental. Sabido es que la tecnología nuclear permite reducir el impacto del CO2 en la atmósfera, con todo lo que ello puede representar en orden a frenar el cambio climático. Pero igualmente sabido es que una de las cuestiones instaladas en el debate social radica en qué hacer con los residuos, por más que cada vez se produzca un consenso mayor respecto a la viabilidad tecnológica y medioambiental del tratamiento y almacenamiento de los residuos, incluso los de mayor duración, que con los avances de las investigaciones sobre su tratamiento, podrán ser transformados en materia prima para su reprocesado. Interesa también llamar la atención acerca de la importancia que reviste para España mantener una política activa en materia de I+D+i en este campo. Si ha sido un acierto pleno que nuestro país se integrara desde el primer momento en el Proyecto ITER para la fusión, igualmente reviste el mayor interés que el conjunto de la investigación en el área nuclear cuente con todos los medios necesarios y se realice en forma cooperativa con ámbito mundial. Frente a estas realidades, hay que ser conscientes de que en nuestra sociedad, al igual que en una mayoría de países, no se sedimentó aún de forma suficiente el debate social que las cuestiones nucleares suscitan, cuando sin embargo resulta esencial un consenso social suficientemente amplio antes de adoptar cualquier género de decisión. Para quien mire con criterios de independencia la evolución del discurso nuclear, no constituye ningún secreto que hoy nos encontramos en una mejor situación para el debate social en el que todos puedan desenvolverse en posiciones de equidad.