No corren buenos tiempos para las empresas del tabaco. A las limitaciones publicitarias y las advertencias sanitarias obligatorias en cada paquete de cigarrillos de hace unos años, se han añadido ahora leyes que reducen el espacio para fumar e imposiciones fiscales que pretenden hacer del tabaco un producto barato de consumir. Desde un punto de vista social, es evidente que el cuidado de la salud pública es un bien esencial a cuidar, y que fumar va en contra de ello. La libertad de cada fumador está garantizada, siempre que respete el derecho de todos a no soportar las consecuencias de su vicio. Cada sociedad y cada Gobierno son los que ponen el nivel de equilibrio entre una cosa y otra.En España eso se ha hecho con una ley antitabaco que ha causado gran impacto social, pero cuyos efectos económicos en las empresas y el empleo tampoco se deben desdeñar. No sólo es una cuestión de si se debe o no fumar en los bares. La prohibición de fumar en los centros de trabajo, aunque loable y sana, produce un incremento de costes empresariales que deben ser analizados. Poner salas específicas para fumadores, establecer horarios para abandonar el puesto de trabajo para fumar, soportar subidas de impuestos justificadas en el cuidado de la salud pública, etc. Y no hay patronal en el mundo que apoye medidas que supongan aumentos generalizados de costes para las empresas. No sorprende por ello que las empresas tabacaleras hayan optado por reducir al mínimo (que no eliminar) su presencia en la gran confederación empresarial que preside José María Cuevas, para centrarse en la defensa de sus intereses frente al Gobierno a nivel sectorial. Una cosa es la defensa de las empresas, en general, y otra la situación particular de las tabacaleras.