L a Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) acaba de publicar un nuevo informe -se supone que avalado por el Pleno- que lleva por título: Estudio sobre el mercado del servicio de inspección técnica de vehículos. Se trata de un excelente trabajo que pone de manifiesto la capacidad de análisis económico de la CNMC. Algo que no siempre se muestra, con el debido cuidado, en sus resoluciones. El argumento habitual, basado única y exclusivamente en las infracciones "por objeto", termina devaluando el trabajo de la propia Comisión, especialmente ante los órganos jurisdiccionales. El modelo actual de la inspección técnica de vehículos (ITV) tiene justificación pero su regulación y organización están cargadas de ineficiencias. A mi juicio, tiene más sentido una regulación común para todos los países de la Unión Europea (UE). En efecto, la finalidad de la ITV es "corregir fallos de mercado asociados a las externalidades ambientales y de seguridad" e impulsar externalidades positivas dado que "el mantenimiento de vehículos en buen estado genera mayores beneficios sociales que particulares, ya que contribuye a reducir el número de accidentes y produce incrementos menores de contaminación". Si, al mismo tiempo, se considera que vehículos similares circulan por todos los Estados de la Unión, no se entiende la heterogeneidad de las regulaciones al albur de la vocación intervencionista de cada administración -central o subcentral-. La mano peluda del intervencionismo ha sido más fuerte que la mano invisible de la libertad. Con la falta de determinación de la UE como telón de fondo. En España, el negocio de las ITV empezó en los años 80 con una concepción fuertemente intervencionista pretendidamente contrarrestada en el año 2000 con una nueva regulación. Pero fue el Tribunal Constitucional quien dio al traste con el primer intento liberalizador serio al establecer que se trataba de un asunto de naturaleza autonómica en el que no tenía cabida el régimen de autorización. El resultado fue la consolidación, con alguna excepción, de la posición intervencionista cuyo caso extremo es la prestación del servicio en forma de monopolio. Hablo de negocio porque la CNMC estima que la facturación del sector superó, en el ejercicio 2013, los 650 millones de euros. ¡Casi 14 euros por habitante! Parece inaudito pero es verdad. La mano peluda se mete por todos los rincones de nuestros bolsillos y saca bastante más que pelusilla. Tanta regulación ineficiente da lugar a precios muy distintos. Podría pensarse que, al margen del coste del suelo, las instalaciones son similares y su coste también. En consecuencia, lo mismo debería suceder con los precios. Pero la realidad muestra que la tarifa media cobrada por turismo varía entre los 25 € percibidos en Extremadura y los más de 50€ percibidos por las ITV de Castilla y León o Comunidad Valenciana. Incluso a esta Comunidad se le ha ocurrido aplicar un sobrecargo por inspección sonora que supone más de 9€ por vehículo. En este contexto, aunque no tenga justificación, no sorprende que los precios tengan una tendencia creciente, incluso en períodos de crisis. Hay elementos para sospechar que la captura del regulador es frecuente. La prensa lo exhibe. Lo sensato es que el período concesional se extienda hasta el punto en que el concesionario haya amortizado su inversión y haya obtenido un beneficio razonable, que no es difícil de estimar. Pero cuesta aceptar que este período pueda fijarse en 25-30 años, susceptible de extenderse hasta los 50 años. Con este artilugio se dificulta la liberalización del sector pues los concesionarios, lógicamente, se resisten a desprenderse de sus privilegios. Los efectos de la liberalización de la actividad pueden verse en la Comunidad de Madrid donde se pasó de un régimen de concesión a otro de autorización. En efecto, tras la liberalización se ha pasado de 17 estaciones de ITV a las 56 activas en el presente año. Todo ello sin desatender la seguridad, el interés de los clientes y los conflictos de interés. Con la competencia, las estaciones de ITV ofrecen mejores precios, descuentos u ofertas que alivian el coste para los clientes. Pero, al mismo tiempo, este incremento en el número de estaciones refleja que son una inversión rentable y que, en consecuencia, no debe tenerse miedo a la liberalización. Lo que sí debe asustarnos son el miedo a la libertad y la captura del regulador. Sus efectos, sobre nuestras maltrechas economías son devastadores.