Las irregularidades y los casos de corrupción relacionados con los cursos de formación salpican a Andalucía y ponen en el punto de mira a políticos y sindicatos, aferrados a las sillas de unas organizaciones cada vez más en entredicho. En concreto, en este momento, sólo en la Comunidad que preside Susana Díaz hay abiertos cuatro procesos en los que las víctimas son millones de parados. Entre ellos, la trama que investiga la Guardia Civil y que deja al descubierto que UGT Andalucía financió durante 12 años sus gastos generales y su ERE de 2012 con fondos destinados a la formación. El escándalo salpica también a la asociación de consumidores Facua, que podría haber emitido facturas falsas para el sindicato. ¿Hasta cuándo se van a permitir estos escándalos que nos han sacado los colores en Bruselas? Hasta que el Gobierno no corte la transferencia del 0,7 por ciento de la formación. Dinero que, no está de más recordar, sale del bolsillo de las cotizaciones sociales de los trabajadores. No parece muy coherente que los dos tercios de los miembros de la Fundación Tripartita (sindicatos y patronal) que gestiona los cursos sean parte de los receptores de las ayudas. El escándalo que ahora se ha destapado pone a Cándido Méndez a los pies de los caballos y deja en evidencia que el sindicato, en connivencia con algunos empresarios, se quedaron con el dinero de los parados. Méndez no puede atrincherarse en el cargo y debe dimitir, a no ser que quiera dar la puntilla a UGT. Es la única manera de acabar con un sistema de grandes corruptelas que todos conocían, aunque miraran a otro lado.