El Gobierno no pudo evitar finalmente el inicio de una huelga indefinida de una parte nada despreciable del sector del transporte de mercancías por carretera. El motivo de las protestas reside en el alto precio del petróleo, y el problema es que el Gobierno tiene poco margen de maniobra. Las consecuencias, una vez más, las pagan los consumidores y muchas compañías que poco tienen que ver con la polémica. Por ello, el Ejecutivo tiene la obligación de moverse y estudiar todas las alternativas posibles, y en ningún caso debe menospreciar unas movilizaciones que, si bien implican a un cuarto del sector, amenazan el correcto funcionamiento -y abastecimiento- de los mercados y de la economía nacional. La solución a este conflicto no pasa por compensar a ningún colectivo por el encarecimiento de una materia prima tan volátil como ésta. Sería injusto para otros sectores, además de ilegal, y distorsionaría el mercado. Sí sería más efectiva la libertad de precios. De hecho, hemos llegado a esta situación de bloqueo debido a la grave falta de competencia y libertad de mercado que se da en un sector excesivamente atomizado. También hay un problema de forma. Como hoy publica elEconomista, en siete días habrá desabastecimiento, lo que supondría un gravísimo impacto para las economías de muchas pymes y autónomos. Debe tenerse en cuenta que esta situación también se produce por una legislación en materia de huelgas obsoleta, que se debe modernizar: se ha de responsabilizar a los organizadores de los daños y pérdidas económicas que ocasionen, y se debe proteger el derecho a trabajar de aquellos que no desean sumarse a las movilizaciones. Son algunos puntos que actualmente brillan por su ausencia. Hay por dónde empezar a trabajar. Sólo falta la voluntad política.