Que la Justicia entre en la era electrónica y viceversa es uno de los últimos proyectos de Bruselas. El francés Jacques Barrot, vicepresidente de la Comisión Europea, propone crear un sistema informatizado para que las autoridades de los 27 Estados de la UE se transmitan los certificados de penales. Debería ser el embrión de la futura interconexión de las bases de datos en la materia. Y desarrolla un acuerdo previo de los ministros de Justicia europeos para que al dictar sentencia, los jueces sepan si juzgan a reincidentes que perpetraron el mismo delito en otro país del Viejo continente. La primera vez que nos vendieron el plan, un periodista francés lo caricaturizó sin piedad. "Los jueces descubren el e-mail, ya era hora de que les dejaran utilizarlo", ironizó. La situación retrata lo decimonónica que es aún la Administración de Justicia; y que faltan varias generaciones para que la UE se integre y responda a las expectativas creadas. Bruselas ha anunciado que el año que viene distribuirá el software necesario para la interoperabilidad de los registros de penales. Y yo me pregunto qué hará el ministro Mariano Fernández Bermejo cuando reciba el CD. ¿Se sonrojará y admitirá que el hardware de quienes están a sus órdenes es, no ya de otra generación, sino de otra era? ¿De la era de los montones de carpetas polvorientas y las sentencias traspapeladas? ¿Se acordará de la tragedia evitable de la pequeña Mari Luz? España no es diferente. Cuando en 1998 aterricé en Bruselas y solicité el carnet de prensa al Ministerio del Interior de Bélgica, me pidieron un certificado belga de Buena Vida y Costumbres. Repliqué que resultaría más relevante un certificado de penales español porque, tras sólo una semana en Bélgica, no me había dado tiempo a cometer ninguna fechoría por malvado que fuera. Me respondieron con una sonrisa funcionarial y condescendiente del estilo: "¡Qué ocurrente es este español!" Y me hicieron llevarles el tan inútil como vírgen certificado belga.