E l pasado miércoles, en la sección de opinión de su periódico, publicaron ustedes una nota advirtiendo del importante quebranto que supone para las eléctricas el aluvión de bajas que están sufriendo en los contratos de electricidad de segundas residencias. Dicho quebranto es consecuencia directa de una política abusiva de las compañías frente a los consumidores. En primer lugar, por la enorme e injustificada subida del precio de los términos fijos de potencia en los contratos, dirigida a conseguir que un usuario que no consuma energía tenga que pagar igualmente una abultada factura. Y en segundo lugar, por la estrategia desarrollada por las eléctricas, con apoyatura legal, para que los consumidores no puedan evitar este abuso, no dejándoles otra salida que dar de baja sus contratos. Sobre esta estrategia de las eléctricas hemos elaborado una nota, que estamos enviando a diversos organismos y que les adjuntamos al presente escrito, a la que estamos tratando de dar la máxima difusión. Tal y como advertimos en ella, las eléctricas tienen dispuesta una penalización para estos consumidores que se están lanzando a dar de baja sus contratos para intentar que no les cobren por un servicio inexistente. Cuando soliciten de nuevo el alta, la compañía les exigirá un nuevo boletín, cuya obtención requerirá la modificación de todas la instalaciones eléctricas del inmueble, para adaptarlo a la normativa vigente, el Reglamento de Baja Tensión del 2002. Esto supondrá, para todos los inmuebles anteriores al 2002, un enorme desembolso económico que, unido al peaje exigido para dar de alta un nuevo contrato, neutralizará el ahorro pretendido por sus propietarios. Este desembolso, en el caso de las empresas dedicadas al alquiler de inmuebles, con muchos de ellos vacíos, o de las empresas cuyo consumo de electricidad es estacional, sería de tal magnitud que supondría un coste añadido en lugar de un ahorro. Por ello no les quedará otro remedio que someterse al abuso de las eléctricas, mientras no se consiga un cambio normativo que exija a las empresas cobrar a cada cliente por los servicios realmente prestados. Enrique claro abogado