La detención de José Luis Aneri llega tarde, pero es de esperar que marque un antes y un después. El presunto organizador de cursos falsos en Madrid tendrá que justificar la subvención de 2,6 millones por cursos que nunca llegaron a darse. La Policía investiga ahora un fraude extendido por otras CCAA y en el que concurrían tramas distintas como los ERE de Andalucía o la Gürtel. Además, pone de manifiesto la debilidad de una política que subvenciona cursos fantasmas y, en connivencia entre empresa y cliente, se reparten la tarta. Las administraciones deben poner punto y final a este sistema, convertido en una fuente ilegal de financiación de organizaciones empresariales y sindicatos, y abrirlo a la libre competencia.