E n los últimos años, estamos asistiendo a un intenso debate político y social en torno a las pensiones y la forma en que, tanto nuestro sistema como los propios ciudadanos, afrontaremos la jubilación. Los marcos que se van perfilando desde el punto de vista legislativo, pero también desde el social y cultural, nos apremian a tomar las riendas de nuestro futuro. La última oleada de la Encuesta de la Actitud de los Consumidores (Consumer Attitudes Survey- CAS) que realiza trimestralmente el Instituto Aviva de Ahorro y Pensiones arroja datos muy significativos respecto al contexto social imperante en lo relativo a cómo los ciudadanos nos enfrentamos a la cuestión de nuestra jubilación. Según la encuesta, sólo un 5 por ciento de los españoles se siente completamente tranquilo respecto a sus ahorros para la jubilación mientras que dos de cada tres están preocupados por no contar con el suficiente dinero para mantener un nivel de vida adecuado tras abandonar su etapa activa. Sin embargo, a pesar de la preocupación por el futuro, uno de cada tres españoles sostiene que apenas dedica tiempo a planificar sus finanzas personales. Los datos del Instituto Nacional de Estadística muestran que en 2052 el 37 por ciento de la población será mayor de 64 años y la esperanza de vida de los españoles al nacimiento seguirá en aumento. La esperanza de vida de los españoles es de las mayores del mundo, lo cual es una gran noticia. Ahora, este feliz acontecimiento, junto al descenso del índice de natalidad, tiene un impacto directo sobre el gasto en pensiones en relación al PIB que es capaz de soportar nuestro sistema público. Nuestro sistema de pensiones estaba diseñado en torno a parámetros que ya han quedado obsoletos y que a partir de la reforma del 2011 se han comenzado a adaptar a la situación actual. El Proyecto de Ley Reguladora del Factor de Sostenibilidad y del Índice de Revalorización del Sistema de Pensiones de la Seguridad Social que está tramitando el Gobierno será un paso muy importante para garantizar su sostenibilidad a largo plazo. Su aprobación es esencial para controlar los desequilibrios financieros del sistema y sienta las bases para poder abordar adecuadamente otras reformas necesarias que permitan garantizar la suficiencia y que la cuantía de las pensiones sea adecuada tal y como recogió el Foro de Expertos del Instituto Aviva en sus conclusiones. De este modo encontramos que son muchos los países de nuestro entorno que están tomando medidas similares encaminadas a garantizar la supervivencia de sus sistemas públicos de pensiones así como la puesta en marcha de mecanismos que incentiven a los ciudadanos hacia el ahorro a largo plazo. En este contexto, donde se trasladará más responsabilidad al ciudadano de cara a la financiación de su retiro, es fundamental que los ciudadanos estemos preparados para realizar una toma de decisiones financieras informada. Al fin y al cabo, es nuestro propio futuro lo que está en juego. Según el estudio CAS del Instituto Aviva de Ahorro y Pensiones, el 29 por ciento de los españoles reconoce que la única forma de ahorrar para la jubilación sería si estuviera exigido legalmente. Si nos atenemos a los datos históricos sobre este tema podemos ver que el ahorro financiero en general en España en relación a nuestro PIB no está tan desarrollado con en otros países de nuestro entorno. La situación es todavía más clara si nos referimos al ahorro financiero en productos destinados específicamente a constituir un capital para la jubilación. La preferencia por otros productos de ahorro/inversión como los inmuebles unida al hecho de haber tenido un sistema de pensiones público muy protector ha configurado nuestras preferencias de ahorro en otro sentido. De cara mantener nuestro nivel de vida durante la jubilación, sería necesario comenzar a ahorrar lo más pronto posible una vez se accede al mercado laboral con el objetivo de que el esfuerzo sea lo más llevadero posible. El estudio de Aviva "Un Déficit significativo" calculaba en 2010 que un ciudadano de entre 20 y 30 años, debería dedicar entre 1.200 y 1.800 euros al año para mantener su nivel de vida tras la jubilación. Estas cantidades se incrementan a medida que la edad de comienzo de ahorro se retrasa. En definitiva, es fundamental que los ciudadanos entendamos los cambios que se están produciendo en el sistema público de pensiones para poder tomar las medidas adecuadas. La educación financiera, la información y el asesoramiento se hacen más necesarios que nunca.