Hacienda podrá consultar directamente los datos de los 3.000 notarios que trabajan en España. Todo lo que se haga contra el fraude fiscal en nuestro país es poco. Una prueba es que es muy escaso el número de delitos fiscales que llegan a los tribunales y casi testimonial el de las penas de cárcel. El acuerdo entre Hacienda y el Consejo General del Notariado es útil. Hacienda accederá a la información que manejan los notarios con mucha más agilidad y podrá cruzarla con la que ya tiene. Una escritura aislada puede ser perfectamente legal, pero soportar un delito si se relaciona con otras. La colaboración de los notarios con otros organismos con competencias de investigación tributaria ha dado su fruto. El Órgano Intermedio de Prevención del Blanqueo de Capitales (OCP), creado en diciembre pasado, ha atendido 226 requerimientos del Banco de España, las Fuerzas de Seguridad del Estado, la Fiscalía Anticorrupción y la Audiencia Nacional. Además, el OCP ha denunciado otros 70 casos con indicios de posible blanqueo de capitales. El acuerdo entre Hacienda y los notarios se enmarca en los propósitos de la próxima Ley de Prevención del Fraude Fiscal, que introduce novedades como las rebajas de la factura fiscal para quienes se arrepienten y la supresión de la audiencia previa que hasta ahora se concedía a los presuntos infractores. Pero, aunque la lucha contra el fraude merece todo el apoyo, también deben reforzarse -tanto en las leyes como en las actuaciones administrativas- las garantías jurídicas de los ciudadanos y de las empresas. La protección de los datos personales es un derecho que impone limitaciones a la información de que pueden disponer las administraciones y los jueces.