El Ministerio de Fomento ha sido estos días un hervidero de reuniones en busca de una solución al conflicto de los empleados de Iberia en El Prat. Su titular, Magdalena Álvarez, puso al departamento jurídico a maquinar una fórmula para satisfacer sus reivindicaciones.La ministra se equivoca porque con esta actuación da carta de naturaleza a la huelga salvaje, que afectó a miles de pasajeros. Si los huelguistas logran su objetivo a costa de una triquiñuela legal, como adelantó ayer este periódico, el mensaje que trasladará a la opinión pública es que para conseguir una reivindicación hay que paralizar el país, aunque se pisoteen los derechos ciudadanos.No sé cómo va a explicar Magdalena Álvarez a las compañías a las que ha otorgado el handling del aeropuerto barcelonés -Globalia, Spanair y FCC- que Iberia y sus asociadas -Clickair y Air Nostrum- van a quedar excluidas de este servicio. El presidente de Globalia, Juan José Hidalgo, ya está pensando recurrir la medida, y hace bien.La buena predisposición de Fomento no se explica si no es para tapar el imperdonable descuido de los tres ministros afectados por el conflicto -Alfredo Pérez Rubalcaba, José Montilla y la propia Magdalena Álvarez-, amén del presidente de la Generalitat, Pasqual Maragall.El asunto se ha llevado por delante la candidatura del delegado del Gobierno en Cataluña, Joan Rangel, para ministro en sustitución de Montilla. Al aún titular de Industria se le acumulan los problemas. Si no tenía bastante con la opa de E.ON, surge esto.En el ámbito empresarial el foco está en Metrovacesa, cuyo control se dilucidará la semana próxima a cara de perro entre la familia Sanahuja y Joaquín Rivero. A los Sanahuja se les ve sobrados y van a por todas. La semana termina con una inocentada. La del presidente de Isolux, Luis Delso, al que, después de usar prácticas poco transparentes, la opa de Sacyr a Europistas le ha cogido con el paso cambiado.