La teoría se refiere a la Comisión Nacional de Energía -CNE- como un organismo regulador, totalmente independiente del poder político, cuyo objetivo es velar por el correcto funcionamiento del mercado eléctrico en España. En cambio, no han sido pocas las veces en que las decisiones que ha adoptado este organismo no han sido acertadas, no ya sólo a ojos de la opinión pública o del propio sector, sino también ante las autoridades europeas. No hay que hacer mucha memoria para traer a colación uno de los casos más flagrantes, el del extenso proceso de opa sobre Endesa, en el que participaron Gas Natural en un primer momento, la eléctrica alemana E.ON después y, finalmente, la alianza integrada por la italiana Enel y la española Acciona. Fue precisamente la entrada de la italiana en esta competición el origen de las sospechas de lo que se evidenció como una operación política -una empresa con capital público que se hizo con una empresa privatizada-. Ahora, con otra gran operación corporativa en ciernes que tiene a Iberdrola por protagonista, la patronal de las eléctricas trata de evitar que se produzcan situaciones similares. Es primordial que el Gobierno encuentre la forma de garantizar una independencia absoluta de sus organismos reguladores. Les va la eficacia en ello. No es un problema exclusivo de España, ya que, cuando hablamos de sectores estratégicos -como es el caso de la energía-, la libertad de mercados que se supone debería reinar en Europa se queda en una mera declaración de intenciones, y avanza a distinta velocidad según los países involucrados. Un mercado europeo realmente liberalizado nunca podrá funcionar como debe -y aprovechar sus ventajas frente al intervencionismo- si no están jugando todos con las mismas reglas.