Se prepara una reforma que rebajará las pensiones actuales y futuras. La corrección será más o menos intensa, en función de lo que se adelante o se atrase en el tiempo su aplicación. Hay que decirlo así porque la opinión pública debe saber a qué atenerse. Cierto que no se reducirá el valor nominal de las actuales prestaciones -una línea roja que ninguno de los miembros de la comisión que estudia la reforma quiere traspasar-, pero crecerán menos y perderán poder adquisitivo al descartar el IPC como índice para actualizarlas. En el cálculo de las pensiones futuras también se tendrá en cuenta la esperanza de vida, que contabilizará a la baja en la cuantía de la pensión cuanto mayor sea. Queda por decidir si la reforma -se hablará de adelantar el factor de sostenibilidad- se aplica a partir del año que viene o en 2019. Ambas opciones tienen consecuencias. Si se opta por 2014 el impacto sobre cada pensionista es más fuerte. La contrapartida es que se vuelve antes al equilibrio presupuestario de la Seguridad Social y se dispone del Fondo de Reserva para aminorar el efecto individual. Retrasar la reforma a 2019 supone consumir en estos años toda la hucha de las pensiones. Una nueva reforma, dado el nivel de paro y la caída de afiliados, es inevitable. La cuestión es si no se necesita un cambio de mayor entidad y acercarnos a un modelo como el sueco. ¿Nos tenemos que conformar directamente con bajar las pensiones? ¿Por qué no plantear otras opciones ensayadas en nuestro entorno? No se está haciendo un debate transparente; se utiliza una comisión de expertos para dar como indiscutible el resultado, y se hurta a los ciudadanos mediante tecnicismos saber que se habla de bajar sus pensiones, sin plantear otras posibilidades.