N os encontramos con una inflación del alcance de las palabras, que pierden su significado clásico, natural, ortodoxo, convirtiendo el espacio público español en una especie de Torre de Babel en la que nadie se entiende y en la que se pierde toda la responsabilidad individual y comunitaria. Así, los acosados ilegalmente por una muchedumbre envestida de causas nobles pero desposeída de la razón, en la que la individualidad de sus componentes se pierde o termina angostada, no se conforman con denunciar la acción delictiva, van más allá y comparan el hecho con las atrocidades realizadas por los nazis, que escribieron una de las páginas más dramáticas de la historia de la humanidad; los defensores de la naturaleza por su parte no se conforman con denunciar los delitos medioambientales sino que relacionan estos delitos con el terrorismo, y algunos de los afectados por los lamentables accidentes de tráfico, enervados por el dolor causado, cometen la misma equivocación, creyendo que de esta forma pueden conseguir que la importancia de las causas que denuncian adquiera su relevancia real. Todos aumentamos el calificativo, unos para conseguir legítimamente atención, otros para recibir el aplauso inconsciente del público y los de más allá para hacerse querer por su audiencia. En este ambiente inflacionario y ante la gravedad de las consecuencias de la crisis, aparece con fuerza la reclamación de grandes acuerdos. No hay nadie hoy que no tenga en la boca la necesidad de consensos generales, de grandes acuerdos y no seré yo, que junto a otros pocos he defendido en soledad durante mucho tiempo su necesidad imperiosa para España, quien se entristezca cuando le dan la razón. Pero la matización y el complemento se hacen inevitables. Desde hace más de una década vengo defendiendo que los españoles necesitamos fortalecer los denominadores comunes en los que se basa nuestra convivencia, y no he mantenido esta posición impulsado por un buenismo deshuesado, amorfo, con el que quedar bien con una gran parte de la sociedad española. Mi posición ha sido y es el producto de una observación que he hecho pública frecuentemente: los denominadores comunes en los que se cimienta la convivencia democrática de los países de nuestro entorno se han basado en la destilación, en ocasiones pacífica, en ocasiones violenta, de su historia, unos glorificando su pasado relevante, otros dispuestos a dar la espalda a un tiempo más o menos pretérito pero ampliamente compartido; nuestros consensos generales, sin embargo, han sido el producto, en cierta medida "artificial", de nuestra voluntad, expresada por la sociedad española en los años setenta del siglo pasado. Los de ellos, los de nuestros vecinos, no se doblegan ante la adversidad, el tiempo los ha fortalecido, se han convertido en tradiciones, que dan tranquilidad y seguridad a los ciudadanos de los países referidos -desde luego ha sido así durante los últimos cien años, siendo cierto que la incertidumbre provocada por la globalización y el haber dejado de ser los sujetos centrales de la historia han sido causas desestabilizadoras de estos consensos básicos en algunos países europeos-. Los nuestros, los denominadores comunes españoles, son frágiles, quebradizos, no hemos tenido tiempo suficiente para consolidarlos, para convertirlos en indiscutibles, en tan sólidos como las costumbres. En España todo es discutible y negociable, desde la forma del Estado hasta la integridad territorial, sin percatarnos de que la rica policromía democrática se gobierna aceptando que los límites son imprescindibles para salvaguardar la libertad. No dudaré de la buena fe de algunos de los proponentes, aunque otros simplemente se orienten por un oportunismo, comprobado fehacientemente cuando tuvieron la posibilidad de lograr consensos y renunciaron a ellos expresamente, realizando políticas partidarias o proponiendo discursos sectarios, pero la propuesta de acuerdo es insuficiente. Son necesarios los consensos para enfrentar las causas y las consecuencias de la crisis, pero es más imprescindible que previamente haya un acuerdo para fortalecer la legitimidad de las instituciones, para evitar el fracaso de la educación de la que depende nuestro futuro, para adaptar la administración pública a nuestras capacidades -lo permanente, la dimensión del Estado no puede depender de algo coyuntural como debe ser el déficit-. No sería un exceso rechazable que los dos grandes partidos nos tranquilizaran sobre el futuro de Cataluña, sin choque de trenes, sin embestidas irracionales, pero con la contundencia que requiere el problema. Así seguiríamos los pasos de la Transición, a los tan esgrimidos "Pactos de la Moncloa" les precedió un gran acuerdo político: la Constitución. Sin la necesidad de periodos constituyentes, pero con la urgencia que requiere la deteriorada situación pública, me hubiera gustado que el líder de la oposición hiciera bandera de un acuerdo más amplio.