L a designación por el Gobierno de una comisión con el encargo de presentar una propuesta sobre el factor de sostenibilidad previsto en la Ley 27/2011 ha generado un debate confuso, primero sobre el perímetro de la propuesta y luego sobre el contenido de la misma. La comisión, en sí misma, es algo indefinida. Hay economistas que conocen muy bien el sistema de pensiones, los que defienden legítimamente posiciones de lobby, y otros de tan elevado nivel general como falta de referencias concretas sobre las materias de la Seguridad Social. Sorprende que el único catedrático de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social, José Luis Tortuero, haya sido propuesto por el PSOE, en un ámbito en el que recientes sentencias nos han vuelto a advertir de la inconveniencia de regulaciones poco escrupulosas en su respeto a los derechos de los ciudadanos. Y luego están presentes un periodista y su presidente, sociólogo autor de varias publicaciones sobre la percepción de los españoles acerca de su sistema de pensiones. Si calcus facit monacus, la comisión pues nace con el afán de presentar en forma políticamente correcta un problema económico, confiando en que la traducción jurídica se haga con posterioridad. Cuando definimos el problema es cuando las dudas comienzan a ahondar. Porque el mandato de la Ley 27/2011 era simple. Para evitar que fuera necesario un proceso complejo de habilitación de nuevas reformas paramétricas cada vez que se revisara la situación, con la finalización del periodo transitorio previsto en este texto se produciría la aprobación de un conjunto de fórmulas que permitieran ajustes automáticos, independientes del ciclo económico y político, asegurando así la sostenibilidad del sistema. Si se pretende algo diferente, debe señalarse previamente, para evitar que la discusión navegue en círculos destinados desde el principio a legitimar una idea contenida en la casilla de salida. Porque hacer funcionar uno o varios coeficientes que ajusten las variables más relevantes del sistema al tiempo que entran en vigor paulatinamente las modificaciones previstas en la Ley 27/2011 puede producir aberraciones técnicas, e incluso que los cotizantes se encuentren conque cuantos más años trabajen, su pensión se vea reducida y no aumentada, lo que generaría tensiones muy acusadas en la demanda de prestaciones de incapacidad y de jubilación. Es decir, si el periodo transitorio previsto en la Ley 27/2011 parece excesivo, lo que por cierto es exactamente lo contrario que el PP defendió en esa discusión parlamentaria (una más, que importa), debería discutirse con los interlocutores sociales una propuesta concreta de acortamiento del mismo, en la seguridad de que esa propuesta, si no se centra excesivamente en la edad de jubilación, podría alcanzar, con independencia de otras consideraciones en el plano reputacional, efectos prácticos más mensurables y razonables que la acumulación de un doble ajuste sobre las mismas variables. En realidad, con el documento remitido a la comisión, el Gobierno pretende actuar no sólo sobre el flujo sino sobre la revalorización del stock de prestaciones ya reconocidas, pero para esto el mandato legal de la Ley 27/2011 era radicalmente insuficiente, ya que no afecta a las prestaciones reconocidas con anterioridad, ni siquiera en la referencia introducida en la Ley Orgánica 2/2012, que permite aplicar el factor de sostenibilidad pero "…en los términos y condiciones previstos en la Ley 27/2011…". De ahí que el Gobierno haya vuelto a rectificarse en el último consejo, y explicado que la revalorización de pensiones cambiará de criterio, aun cuando vuelva a remitir el cambio a un texto legal que no estaba pensado para abordar esta cuestión. Esto no quiere decir que pueda ignorarse la existencia de un problema de financiación, especialmente grave desde 2012, de nuestro sistema de pensiones. O incluso la evidencia de que si es necesario allegar más fondos públicos al sistema, estas políticas pueden requerir recursos en detrimento de otras igualmente necesarias, no solo en términos económicos sino sociales (no son precisamente los mayores de 65 años quienes están soportando más dramáticamente los efectos de la crisis, sino los más jóvenes). Lo procedente: la elaboración de un conjunto de medidas específicamente diseñadas para los próximos cinco años, que permitieran que el gasto en pensiones morigerara su crecimiento, y que su financiación adquiriera un rango absolutamente prioritario en las cuentas de la Seguridad Social. Y existe margen para encontrar recursos adicionales, con políticas que repartan los costes de forma equitativa entre grupos de edad, y que mantengan por lo tanto los fundamentos del pacto intergeneracional en que se basa el sistema de pensiones. Desde un análisis de la cotización hasta un reparto más equitativo del déficit entre las reservas generales del sistema, las reservas de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales y las cotizaciones de recaudación conjunta. Pero en Seguridad Social la falta de medidas de gestión del actual Ejecutivo es tan rotunda como su preferencia por los gestos y declaraciones grandilocuentes.