La reunión del Consejo de Ministros de Justicia e Interior de los Veinticinco de la UE celebrada ayer en Bruselas dio pocos frutos en un tema tan caliente para este área como es la inmigración. Mientras las riadas de inmigrantes crecen sin parar en Canarias, el mecanismo burocrático comunitario se mueve a paso de tortuga. La política de gestión de la inmigración es uno de los muchos campos en los que la UE aún lo tiene todo por hacer. El embrión de la colaboración europea en esta materia lo puso la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno que los por entonces Quince celebraron en la localidad finlandesa de Tampere en 1999. Han pasado siete años y lo único que tenemos es una fuerza multinacional europea con escasos medios, que patrulla la costa africana en fase experimental y con nulo éxito. La reunión de ayer sólo sirvió para acordar los fondos económicos suficientes como para que esta misión se desarrolle en Canarias durante agosto y septiembre de este año. Este retraso de unos días en la entrada en funcionamiento del proyecto es una invitación a los inmigrantes para que redoblen sus expediciones. La inmigración merecería un esfuerzo de negociación mayor de los gobiernos de los países comunitarios. Una propuesta válida para mejorar la cooperación entre ellos sería aceptar, como pide la Comisión Europea, la eliminación del derecho de veto de los países en materia de inmigración. Pero los Estados miembros y sus respectivas fuerzas de seguridad desconfian mutuamente, son celosos de su soberanía y no parece que hayan madurado todavía como para que cedan estas competencias y las pongan en común. Necesitamos más generosidad.