El rescate de Chipre, una pequeña isla de 9.200 kilómetros cuadrados que sólo representa el 0,2 por ciento del PIB europeo, puso ayer en jaque a las principales bolsas. El Ibex 35 lideró las caídas de las plazas europeas (1,29 por ciento), que a medida que transcurrió la jornada moderaron sus pérdidas, a la espera de que la situación del país se clarifique el jueves con la votación parlamentaria de la quita que deberán asumir los ahorradores privados. Una decisión inédita en Europa que pone fin a la garantía que hasta el viernes pasado existía sobre los depósitos bancarios inferiores a 100.000 euros, que en el caso español están avalados por el FGD. La imposición de un impuesto extraordinario del 3 por ciento para los ahorros inferiores a 100.000 euros y del 12,5 por ciento para los depósitos superiores a 100.000 euros, de acuerdo con la última propuesta, ha generado una ola de desconfianza en la eurozona, pero sobre todo en la periferia. El temor a nuevos corralitos en Italia y España puede provocar una fuga de capitales y echar por tierra buena parte de los avances conseguidos. Por todas estas razones el Eurogrupo debe dejar claro que se trata de una medida extraordinaria, destinada a acabar con un modelo bancario que durante años ha funcionado como un paraíso fiscal, donde el lavado de dinero era una tarea fácil, sobre todo para los ciudadanos rusos y sus mafias. Implicar en la solución del problema a los ahorradores es una medida claramente impopular, que se debe adoptar en última instancia, pero no hay que olvidar que volcar todo el peso del rescate sobre las espaldas de la banca chipriota hubiera conducido al pequeño país hacia la bancarrota y propiciado su salida del euro.