U no de los compromisos más repetidos por el actual partido de Gobierno durante la pasada campaña electoral fue el de la presentación de un proyecto de Ley de Apoyo a los Emprendedores. El último debate del estado de la nación de la era Zapatero fue acompañado por la presentación de una proposición de ley del PP con este objetivo, que obviamente no se llegó a tramitar ya convocadas las elecciones. De nuevo el compromiso con los emprendedores, y en concreto la oferta de esta futura ley, se convirtió en una de los temas estrella de la investidura de Mariano Rajoy, incluso con fecha tope en un periodo de no más de cien días. Después, diversas comparecencias de ministros y ministras han venido acompañadas por el discurso de la inminencia en conocer los contenidos de la ley, que cada día parecían más ambiciosos. Ni cien días ni nueve meses: hoy no tenemos Ley de Emprendedores, ni se la espera por el momento. La principal causa de este retraso, cercano ya al incumplimiento, se deriva de la tozudez con la que determinados políticos vincularon esta iniciativa con otras dos promesas muy llamativas. Éstas son la de modificar el sistema de liquidación del IVA, de tal forma que ésta no se hiciera efectiva hasta el momento del cobro de la factura correspondiente, y la denominada cuenta de compensación tributaria. Dos normas no sólo ya muy difíciles de articular técnicamente, sino también contrarias a los intereses recaudatorios en un momento de limitada liquidez. Además, la promesa electoral venía acompañada de generosas ofertas de exenciones tributarias. Que resulta hasta jocoso recordar ahora tras las decisiones adoptadas recientemente, y en especial el incremento de los tipos del IVA y la expulsión de un buen número de autónomos del sistema simplificado y objetivo de declaración por módulos. Pero es que, además, otros aspectos no estrictamente fiscales, que hubieran podido incorporarse a esta prevista legislación, han pasado a convertirse, de forma diseminada, en objeto de deseo de determinados ámbitos ministeriales. Así, en pocos días el ministro de Economía nos anuncia un potente programa de sistemas de financiación alternativa para las empresas; el de Industria confirma el llamado Plan de Emprendedores que parece vendrá a sustituir a la prometida ley, y la ministra de Empleo nos anuncia la próxima aprobación de un Plan de Emprendimiento Juvenil con jugosas ofertas de ayuda y promoción. En todo caso, este escenario parece confirmar que no sólo no habrá ley, sino que nos enfrentamos a la recurrente tendencia de poner antes la parte que el todo. Los emprendedores una vez más se quedarán sin la norma común e integral que esperaban. Pero, por si fuera poco, llega el protagonismo desde el ámbito autonómico. La presidenta de Castilla-La Mancha, también como secretaria general del partido, decide demostrar su deseo de cumplir el programa electoral incluso antes que en el ámbito nacional. De modo que ya tenemos Ley de Emprendedores en esta comunidad, que con diversos matices y diferencias, algunas importantes, se traslada a otras comunidades como Valencia, Baleares o País Vasco, y pronto comenzarán los trámites parlamentarios en Murcia o Castilla y León. Para no quedarse atrás, otras CCAA no gobernadas por el Partido Popular también expresan este compromiso. Nada que objetar a la voluntad política de las regiones, incluso alabar su decisión, pero la realidad es que al no contar con una norma de ámbito superior, hoy el concepto de emprendedor puede ser definido de formas diversas, recibir distintos tipos de ayudas o contar con un tratamiento fiscal distinto según su ubicación en distancias muy reducidas. Con ello no sólo se incumple una promesa electoral, sino que se tambalea otra de las columnas vertebrales de la anunciada política económica del Gobierno, como era asegurar la unidad de mercado, concepto que se rompe por una de sus vertientes más sensibles. En todo caso, sea plan o ley, una o varias, lo importante es mantener una política coherente y eficaz en el desarrollo de un nuevo emprendimiento que permita mantener y renovar nuestra estructura empresarial como uno de los vectores imprescindibles en la política de crecimiento que seguimos reivindicando.