H ace algunos meses, 25 de los 27 miembros de la Unión Europea suscribieron solemnemente un tratado en el que se comprometieron a consagrar en sus constituciones nacionales límites estrictos al déficit. El llamado pacto fiscal fue una condición central para lograr que Alemania aceptara aumentar sustancialmente la financiación de los fondos de rescate de la zona euro, y para que el Banco Central Europeo procediera con su operación de refinanciamiento de largo plazo (LTRO, por sus siglas en inglés) de 1 billón de euros, que fue esencial para estabilizar los mercados financieros. Sin embargo, ahora la atención de la eurozona se ha centrado en el crecimiento. Éste es un patrón recurrente en la política europea: se proclama y defiende la austeridad como una condición para el crecimiento, pero después, cuando golpea la recesión, el crecimiento se convierte en una condición para la austeridad sostenida. Aproximadamente hace quince años, Europa resistió un ciclo similar. En los primeros años de la década de los noventa, cuando se planificó la creación de la Unión Monetaria Europea (UEM), Alemania insistió en establecer el Pacto de Estabilidad como pago por dejar el marco. Cuando Europa se vio golpeada por una profunda recesión después de 1995, la atención se dirigió al crecimiento, y el Pacto de Estabilidad se convirtió en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC) cuando el Consejo Europeo adoptó una resolución sobre crecimiento y empleo en 1997. El crecimiento es igual de fuerte que hace quince años. Entonces, la tasa de desempleo en España era tan alta como ahora, y en Italia era más elevada en 1996 que hoy. También en términos políticos, el contexto es el mismo. El concepto de crecimiento se incluyó en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento bajo la presión principalmente de una nueva administración francesa (dirigida en la época por Jacques Chirac). Hoy, de nuevo, Francia ha sido la que ha dado el impulso político para enfocarse en el crecimiento. Hacer del crecimiento una prioridad política no es polémico (después de todo, ¿quién podría oponerse?). Sin embargo, la verdadera cuestión es: ¿qué puede hacer Europa para generar crecimiento? Sinceramente: muy poco. Los elementos centrales de la estrategia de crecimiento que han debatido los dirigentes europeos estos días son de hecho los mismos que en los años 1996-1997: reformas a los mercados laborales, fortalecimiento del mercado interno, más fondos para el Banco Europeo de Inversiones (BEI) para ofrecer créditos a las pequeñas y medianas empresas (pymes), y más recursos para inversión para infraestructuras en los Estados miembros más pobres. Los dos últimos en particular atraen mucha atención porque requieren más gasto. Sin embargo, las circunstancias también son muy diferentes ahora. El modelo empresarial del BEI tendría que ser modificado radicalmente a fin de que sea útil para promover el crecimiento, pues se exigen garantías gubernamentales para otorgar créditos, y los Gobiernos del sur de Europa están fiscalmente agotados y no pueden asumir más cargas. Además, al contrario de lo que generalmente se cree, el BEI no puede dar préstamos directamente a las pymes. El BEI sólo puede otorgar financiación a los bancos grandes para que ellos sean los que den créditos a las pymes locales. Pero el Banco Central Europeo en esencia ya está haciendo esto mediante sus créditos LTRO a tres años. También se habla de un Plan Marshall para Europa del sur. Hace quince años había una clara necesidad de crear ahí una mejor infraestructura. No obstante, desde entonces los países del sur han tenido una década de una elevada inversión en infraestructura -más del 3 por ciento del PIB en España, Grecia y Portugal-. Como resultado, puede que gran parte de los países del sur de la Unión Europea tengan ahora la infraestructura suficiente. De hecho, sería más necesario invertir en infraestructura en Alemania, donde el gasto en ese rubro ha sido raquítico (solo 1,6 del producto interior bruto, o la mitad de la proporción de España) durante casi una década. Es por ello por lo que las famosas autopistas alemanas están notablemente congestionadas estos días. Sin embargo, no se necesitan fondos europeos para financiar infraestructura en Alemania: allí el Gobierno puede recaudarlos a un coste real negativo. Las tasas que paga ahora deberían permitir al Ejecutivo alemán encontrar muchos proyectos de inversión que generaran tasas de rendimientos positivas. Como Alemania está cerca del pleno empleo, el gasto en infraestructuras probablemente atraería importaciones (y, por ende, trabajadores desempleados de España), lo que contribuiría al tan necesario reequilibrio en la eurozona. Por desgracia, esto es improbable que ocurra porque el gasto en infraestructuras se enfrenta a la oposición popular. En efecto, este tipo de gasto se decide a nivel local y regional, donde la oposición a cualquier proyecto grande es más fuerte (por ejemplo, llevó más de veinte años impulsar la modernización de la estación de trenes de Stuttgart). La urgencia de que se les vea haciendo algo provoca que los líderes europeos recurran a los pocos instrumentos que la Unión Europea considera efectivos para impulsar el crecimiento. No obstante, deben reconocer que la crisis actual de crecimiento es diferente. El acuerdo para los países del sur de la Unión Europea no debe ser la austeridad más un Plan Marshall, sino una austeridad prolongada más reformas al mercado laboral en esa región junto con más inversión en infraestructura en Alemania y otros países con calificación AAA, como Países Bajos. Llevar a cabo reformas sustanciales al sector público en Alemania también ayudaría a desbloquear el potencial de productividad del país y abrir su mercado a las exportaciones de servicios de los países del sur de Europa. De esa manera, dichos países tendrían la posibilidad de encontrar empleos para sus jóvenes, que tienen un alto nivel educativo y cuyas únicas opciones ahora son el desempleo o la emigración.