L a reciente decisión del Gobierno de Evo Morales de nacionalizar las acciones de Transportadora de Electricidad (TDE), propiedad del grupo español Red Eléctrica Española (REE), se enmarca sin duda en cierta política expropiadora largamente anunciada por el presidente Morales desde su campaña presidencial de 2005. Así, no es la primera vez que el Gobierno boliviano aprovecha la coyuntura de una fecha tan significativa como es el Primero de Mayo para anunciar este tipo de decisiones. Fue también el 1 de mayo de 2006, recién iniciado en su mandato, cuando el presidente Morales anunció un programa de nacionalizaciones en el sector de hidrocarburos, obligando así a todas las empresas del ramo a estar participadas en un 51 por ciento como mínimo por la empresa pública Yacimientos Petroleros Fiscales Bolivianos (YPFB). Dos años más tarde, el 1 de mayo de 2008, el Gobierno boliviano adquirió el 100 por cien de la Compañía Logística de Hidrocarburos, perteneciente a capital peruano y alemán; anunció la nacionalización de Entel, la mayor compañía telefónica de Bolivia y filial de la italiana Telecom; concretó la compra por parte del Estado de más del 50 por ciento de las acciones de la petrolera Andina, hasta ese entonces filial boliviana de Repsol YPF, y recuperó la mayoría accionaria de la petrolera Chaco, filial de BP. También el 1 de mayo de 2009 el Ejecutivo de Bolivia nacionalizó todas las acciones de Air BP Bolivia, filial de BP. Al siguiente 1 de mayo, el de 2010, Bolivia nacionalizó cuatro empresas: Corani, participada en un 50 por ciento por Ecoenergy International, subsidiaria de la francesa GDF Suez; la Empresa de Luz y Fuerza de Cochabamba; la eléctrica Valle Hermoso, y Guaracachi America Inc., cuyo principal accionista es la británica Rurelec. Una buena parte de todas estas nacionalizaciones han terminado en una reclamación de los inversores extranjeros, que se sustancia en un arbitraje internacional. Así, por ejemplo, en el último de los casos mencionados, Guaracachi ha iniciado un arbitraje internacional conforme a las reglas de la UNCITRAL (Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional) frente a Bolivia, reclamando una indemnización de más de 142 millones de dólares por considerar dicha expropiación contraria al acuerdo de protección de inversiones extranjeras que Bolivia mantiene con los Estados Unidos. Ahora, el 1 de mayo de 2012, le ha tocado el turno a inversores españoles. Lo que debemos esperar es que tal decisión se deba a inercias internas del propio Gobierno de Bolivia, y no a una moda nacionalizadora en la región frente a intereses españoles, después de la nacionalización de YPF en Argentina. Ojalá sea así. En todo caso, es evidente el riesgo de expulsión de la inversión española que puede haber en la región ante la presencia creciente de nuevos inversores extranjeros procedentes de otras regiones del mundo. Anunciada la decisión de expropiar las acciones de REE, el grupo español tendría como única opción reclamar el pago de una indemnización equivalente a un justiprecio por las acciones nacionalizadas. Ahora bien, el estándar que debe cumplir esa indemnización viene dado por un tratado internacional, el Acuerdo para la Protección y Promoción de Inversiones celebrado entre Bolivia y España (APPRI), que contempla que esa indemnización sea pronta, adecuada y efectiva (la llamada fórmula Hull). En caso de que la voluntad negociadora que ha mostrado el Gobierno boliviano no cumpla con esos criterios expropiatorios, REE podría acudir a un foro internacional, y no necesariamente ante los tribunales bolivianos, para reclamar el pago de la correspondiente indemnización. Para ello, el APPRI contempla diversos mecanismos internacionales, incluyendo el inicio de un arbitraje internacional seguido conforme a las reglas de la UNCITRAL, tal como hiciera Guaracachi en 2010. Con todo, REE deberá tener en cuenta que Bolivia ha denunciado el APPRI a inicios de este año y, por tanto, este tratado concluye su vigencia en julio próximo. Considerando que existe más presencia española en Bolivia, principalmente en los sectores energético, de las comunicaciones y de la gestión aeroportuaria, habrá que estar atentos al próximo 1 de mayo de 2013, cuando ni siquiera haya un tratado todavía en vigor entre España y Bolivia.