L a inconvertibilidad y falta de divisas, la guerra y el terrorismo, la nacionalización, confiscación y expropiación de activos y derechos, así como cualquier otro incumplimiento o ruptura de contratos, compromisos o concesiones de parte de los estados anfitriones son fantasmas que planean sobre las inversiones y los procesos de internacionalización, y que obligan a una reflexión sobre qué medidas pueden adoptar las empresas para proteger sus intereses en el exterior, fundamentalmente en países emergentes. La inversión en economías emergentes vuelve a ser en esta crisis, como ya lo fuera en los noventa, una pieza clave en la estrategia de internacionalización de las empresas españolas. Responde a necesidades estratégicas de crecimiento, de establecerse allí donde se encuentran los recursos, materias primas y clientes, pero también al propósito de diversificar el negocio y las fuentes de rentabilidad, especialmente en un contexto económico como el actual. Aun así, cualquier proceso de internacionalización implica una importante inversión, que puede verse amenazada por los riesgos sociopolíticos, es decir, los derivados de las acciones de Gobiernos o colectivos sociales que impiden desarrollar la actividad empresarial para la cual comprometió su inversión. Ahora bien, ¿puede protegerse una empresa de estos riesgos? ¿Se puede proteger una firma de, por ejemplo, posibles decisiones gubernamentales arbitrarias que afecten a su inversión? Sí, existen soluciones. Las grandes empresas españolas llevan años estudiando el riesgo político de sus operaciones internacionales dentro de sus planes de gerencia de riesgos. La inversión en tiempo y recursos realizada para encontrar soluciones en este sentido ha demostrado ser prudente, inteligente y rentable. Los empresarios cuentan con diversos mecanismos de mitigación para los riesgos políticos. Los más comunes son el seguro de crédito a la exportación y el seguro de inversiones, comercializados históricamente a través de las ECAS (agencias de crédito a la exportación por parte de los Estados), como es el caso de CESCE en España. También en el ámbito público, el Banco Mundial, a través de su Agencia Multilateral de Garantía de Inversiones (MIGA, por sus siglas en inglés), aporta garantías que cubren el riesgo político tanto para el inversor (con pólizas específicas para inversores) como de la financiación de la misma (a través de pólizas para financiadores). Esta agencia cuenta asimismo con el acuerdo del Banco de España como instrumento limitador del riesgo, a efectos de los requerimientos de Basilea en materia regulatoria bancaria. Además existe un mercado de seguros privado, dinámico y flexible que complementa las ofertas estatales y que, pese a no contar con la capacidad suficiente para asegurar determinadas macroinversiones de los grandes grupos empresariales, sí está especialmente dotado para cubrir las inversiones de la mediana empresa. El seguro de riesgo político es una herramienta diseñada para proteger los intereses de las empresas frente a posibles acciones gubernamentales que puedan dejar en una situación de indefensión sus exportaciones o importaciones, así como los derechos inherentes a sus inversiones. Estas coberturas pueden facilitar la obtención de financiación ajena, ya que ayudan a los bancos a paliar aquellos riesgos de índole sociopolítica que pueden hacer que el préstamo entre en default. Por ello, estas coberturas son tenidas en consideración a la hora de facilitar financiación para un proyecto de inversión en un país en vías de desarrollo. Al igual que las empresas, los países cuentan con un rating con base en su solvencia y seguridad, elaborado por consultoras de riesgos (los mapas de riesgo político), que sirven de guía tanto para el inversor como para los aseguradores. Además, los agentes económicos que invierten en países emergentes pueden trabajar con sus expertos en riesgos para acceder a otras medidas y estrategias de transferencia del riesgo en función de sus necesidades. La primavera árabe de 2011 sirvió de estímulo para que las empresas españolas multiplicaran sus esfuerzos para minimizar y mitigar cualquier pérdida derivada de una decisión política o una revuelta social que pudiera impactar sobre sus resultados. Otros casos, como los ocurridos en India, Ucrania, Kazajistán, Egipto, Nigeria, Argelia… y ahora Argentina, nos demuestran que el éxito de la internacionalización no depende exclusivamente de la actividad de la empresa, sino de un convencimiento: para impulsar el negocio, hay que gestionar eficazmente todos los obstáculos, incluyendo los riesgos operativos. Es deseable que las empresas españolas revisen su exposición al riesgo político en los países emergentes, incluidos aquellos supuestamente estables, para evitar que sucesos de índole sociopolítica pongan en riesgo su inversión.