La reforma de la sanidad precisa afrontar el problema con serenidad y transparencia para que los ciudadanos sepan lo que se hace y evitar que se imponga la demagogia. Tenemos un sistema sanitario público del que los usuarios se sienten satisfechos, cuyo peso sobre el PIB se encuentra en la franja baja de la OCDE y quedará por debajo de la media con los recortes que se proyectan. Visto sólo desde este ángulo puede parecer incomprensible que el Gobierno imponga a las comunidades autónomas una reducción de 7.000 millones de euros en el gasto sanitario. Esto es así porque el sistema lleva años acumulando deuda en el pago a sus proveedores, hasta el punto que en la actualidad esta deuda representa casi el 30 por ciento del gasto autonómico en salud (54.000 millones). En parte se debe a ineficiencias en la gestión y en parte, a haber asumido prestaciones que las autonomías no estaban en condiciones de ofrecer por exceder de su capacidad económica. En los años de bonanza se disimuló este desfase, que ahora aparece con toda su crudeza. Si esta situación no se corrige, el sistema quebrará porque, si algo bueno se puede aprender de las dificultades que atravesamos, es que no podemos vivir por encima de nuestras posibilidades. Ello obliga a distinguir entre lo esencial y lo prescindible y a diferenciar entre situaciones de mayor o menor necesidad. La reforma del sistema sanitario es necesaria, hay muchos modos de hacerlo: establecer un copago farmacéutico más justo y efectivo que el actual, revisar ineficacias, optimizar recursos y aplicar el potencial que ofrecen las nuevas tecnologías para reducir costes de gestión. Cerrar los ojos a la realidad no servirá para salvar un sistema que en su configuración actual es insostenible.