Las entidades más sanas no están dispuestas a absorber otras, a menos que haya ayudas públicas. Por eso ahora sólo quieren adquirir las ya nacionalizadas, que sí disfrutarán de esquemas de protección de activos. Parece lógico, sobre todo cuando tendrán que asumir pérdidas cuyo alcance desconocen y tantas veces durante esta crisis un borracho ha tirado del otro para provocar una caída aún mayor. Esta resistencia demuestra que la reforma financiera no va a funcionar sin dinero público. Y que los incentivos establecidos de dos años no son suficientes. Así, el proceso de concentración masivo puede que no ocurra en la medida que pretende el Gobierno. Esto dejara la reforma a medias y no contribuirá a despejar las dudas que existen en los mercados sobre nuestro sistema financiero.