x Profesor de Economía de la UCM.E l revuelo protagonizado por la rebaja de calificación en la solvencia de España por parte de la agencia Standard & Poor's queda justificado no tanto por imprevista o precipitada -mucho menos tras la rebaja de dos escalones practicada por Fitch una semana antes-, como por la alineación o confluencia de criterios de las tres principales agencias de calificación. Dejando de lado fallos u omisiones pretéritos, mitigados tras los daños y las críticas realizadas, y obviando que muchos de sus problemas provienen de su dependencia de las autoridades que sostienen su régimen de oligopolio, no cabe duda de que las agencias tratan ahora de ajustar mucho mejor sus calificaciones y atienden, con más cuidado y detalle, también a los datos y señales más sutiles de las economías. Así, cuando tiempo atrás subrayaron los problemas de cumplimiento de déficit -sobre todo por parte de las comunidades autónomas- y crecimiento para España como posibles elementos o riesgos que hay que considerar de cara a una futura rebaja de calificación para nuestro país, diversas fuentes oficiales se precipitaron a negar tal perspectiva pesimista que, según sus declaraciones, no se iba a producir. Pero según avanzan los acontecimientos, especialmente en esta segunda mitad del año, parece que puedan cumplirse pronósticos más duros o difíciles para nuestra economía, con tasas de crecimiento trimestrales nulas o muy comprometidas y una cifra anual en 2011 más próxima al entorno del 0,5 que al del 1,5 por ciento, con consecuencias nefastas para nuestro empleo. Además, todas las autonomías muestran enormes dificultades para cumplir sus compromisos de déficit y algunas de ellas se encuentran literalmente en quiebra, siendo éste el lado por donde se romperá el objetivo de déficit, junto con la tendencia creciente en los problemas de la Seguridad Social y su cada vez menor superávit, próximo a trocarse en déficit y en aportación negativa a las cuentas públicas. Todo ello en medio de una nueva crisis financiera en Europa que además pilla a las entidades españolas todavía sin apenas sanear sus balances de la crisis anterior (la del ladrillo), y que dificulta sobremanera las condiciones de financiación de toda nuestra economía: la posibilidad para particulares o administraciones de encontrar crédito en los últimos meses es tan complicada como en 2008 ó 2009. En este momento, no somos ni los más solventes ni los más fiables, por muchos 4.000 millones o contabilidad creativa que se proponga el Gobierno.